El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, notificó a los dos concejales de Unidos por Gran Canaria (UxGC) sus ceses como miembros del grupo de gobierno dos semanas después de que los mismos anunciaran su dimisión. Los concejales Martín Sosa y Purificación Amador comunicaron a finales de julio el abandono del gobierno municipal en la Villa "en cumplimiento de lo acordado al inicio del mandato" tras la apertura de juicio oral contra el primero de ellos y cabeza de lista de la formación.
Armengol cesa a Sosa como miembro de la junta local y anula su tenencia de alcaldía. Además, el alcalde revoca la dedicación exclusiva, las áreas y las delegaciones de ambos ediles. Esta notificación materializa la decisión de este partido de retirarse del grupo de gobierno tras la apertura de juicio oral contra Martín Sosa por una causa originada en 2014 a partir de una denuncia por presunto intrusismo de los taxis de Santa Brígida en Tafira, que pertenece a Las Palmas de Gran Canaria.
La renuncia de los dos ediles fue comunicada al alcalde, José Armengol, quien inició los trámites para dar efecto a la desvinculación de los citados ediles con el grupo de gobierno, con lo que éste se reduce a seis concejales: cuatro de Ando Sataute, uno del PSOE y otro de Nueva Canarias.
La oposición cree que se ha producido un compadreo entre el alcalde y los ediles para que estos pudieran cobrar el desempleo. "Hay un chanchulleo entre Unidos y Ando porque de esta manera Martín cobrará el paro, cosa que no podía haber hecho con la dimisión. Salieron a bombo y platillo hablando de su dimisión", señaló la portavoz de Cambio por Sataute, Gadalupe del Río.
La decisión de abandonar el gobierno de los concejales de Unidos por Gran Canaria se debe a que en el pacto firmado entre las distintas organizaciones que conformaban la mayoría se había establecido que los concejales deberían renunciar al acta "desde el momento en el que se le dé traslado del auto de apertura de juicio oral por un procedimiento penal", por lo que han considerado que en este caso se debe asumir dicho compromiso hasta que se determine si hubo o no una actuación punible en el caso.
