El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que los pagos realizados en la etapa de Lucas Bravo de Laguna como consejero insular de Deportes son "denunciables éticamente" porque suponen, a su juicio, "un claro ejemplo de las llamadas puertas giratorias", pero precisó que los contratos otorgados a Noelia Pérez, actual socia empresarial de Bravo de Laguna, no incurrieron en irregularidades administrativas o ilegalidades, salvo que "alguien pueda demostrar que ambos eran pareja" cuando se realizaron las adjudicaciones.
Morales aseguró el viernes que, pese a estar de vacaciones en agosto, ha seguido la polémica sobre las adjudicaciones del anterior gobierno del Partido Popular (PP) a la empresa Volavi Canarias, propiedad de Noelia Pérez, y respaldó las medidas emprendidas por el actual consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, que, en respuesta a las solicitudes de los grupos políticos de Podemos y Coalición Canaria (CC), anunció la apertura de una investigación interna sobre esos pagos.
"Este gobierno lo tiene claro y no va a cubrir ninguna ilegalidad a nadie; siempre que veamos algo que no cumple con los procedimientos administrativos o con la legalidad, lo denunciaremos y lo pondremos en conocimiento de los órganos judiciales correspondientes", apuntó el presidente del Cabildo, quien recordó que así se hizo en el caso de Alberto Miranda, gerente del Club Baloncesto Gran Canaria en la etapa de Bravo de Laguna, que fue denunciado ante la Fiscalía Provincial al descubrirse que, presuntamente, había gastado más de 30.000 euros en comprar muebles viejos y estropeados a su cónyuge y a una empresa administrada por él mismo, supuestamente para decorar las viviendas de los jugadores del equipo.
Morales, en declaraciones a este periódico, resaltó también que el Cabildo de Gran Canaria se ha negado a pagar una factura de 64.000 euros a una empresa portuguesa que reclamó esa cantidad por servicios de imagen y sonido durante la celebración del campeonato mundial de baloncesto de 2014, también en la época de Bravo de Laguna. "Esa factura no ha pasado los filtros correspondientes y no se paga", apuntó.
Respecto a los pagos a la empresa de Noelia Pérez en los dos últimos años del mandato del PP, por un valor mínimo de 210.000 euros (otras fuentes elevan esa cantidad a más de 300.000 euros), Morales explicó que "las adjudicaciones que se han hecho desde el Cabildo, tanto desde el Instituto Insular de Deportes como desde el Club Baloncesto GC, han seguido los cauces administrativos que corresponden".
"Se parte de un hecho que los acusados niegan, y es que el señor Lucas Bravo de Laguna y la señora Noelia Pérez eran pareja; los dos lo han negado", comentó en presidente insular, quien añadió que si el exconsejero de Deportes hubiera participado en la adjudicación de contratos siendo pareja sentimental de su actual socia "estaríamos ante una ilegalidad manifiesta, pero no es lo mismo si no eran pareja".
"El Cabildo" -reiteró Morales- "no tiene constancia de que sean pareja y ellos lo niegan; por tanto, alguien tendría que demostrar que esas dos personas eran pareja en el momento de la adjudicación de los servicios".
El presidente del Cabildo sostuvo que la actuación de Bravo de Laguna "sí es denunciable desde el punto de vista de la ética", pues mientras fue cargo político participó en la adjudicación de contratos públicos a una persona con la que ahora comparte una empresa privada. "Hemos denunciado en muchas ocasiones las puertas giratorias y este es un ejemplo claro", recalcó.
Según Morales, en este caso hay operaciones reprochables éticamente, pero "jurídicamente no hay elementos para denunciar, salvo que, y eso es algo que están estudiando los servicios jurídicos del Cabildo, en el paso desde la actividad política a la empresa privada haya cumplido el tiempo de dos años de separación de la acción pública a la particular", en referencia a la posibilidad de que Bravo de Laguna, como miembro de la oposición en algunos órganos del Cabildo en los dos últimos años, haya participado en decisiones que favorecieron a alguna de las empresas de Noelia Pérez.
Tras publicarse en el Registro Mercantil, el pasado 4 de julio, los nombramientos de Lucas Bravo de Laguna y Noelia Pérez como administradores mancomunados de la sociedad B&M Sport Marketing, varios grupos políticos del Cabildo constataron que en los dos últimos años de mandato de Bravo de Laguna en el área de Deportes se realizaron un mínimo de cuatro pagos a una empresa de su actual socia, Volavi Canarias. Dos desembolsos, de 60.000 euros cada uno, se justificaron por la realización de "servicio de trabajos determinados" en los maratones de los años 2014 y 2015. Los otros dos pagos, de 50.000 y 26.000 euros, fueron por contratos de "servicio de gestión de patrocinio" del Club Baloncesto Gran Canaria.
El pasado 21 de agosto, en la primera respuesta del gobierno de Morales a la batería de preguntas que han formulado por escrito los grupos de Podemos y Coalición Canaria, la Consejería de Asuntos Sociales confirmó un quinto contrato sin concurso público a Volavi. Según ese documento, a través del Instituto Social y Sociosanitario (IASS) se adjudicaron casi 20.000 euros a la empresa de Noelia Pérez por la organización de una carrera de silla de ruedas en el maratón de 2015.
El 27 de agosto, este periódico desveló que los servicios de Intervención del Cabildo y el actual gobierno de NC y PSOE se han negado a pagar una factura de 64.000 euros de la organización del Mundobasket 2014, reclamada por una empresa portuguesa que supuestamente trajo un camión de imagen y sonido para promocionar el baloncesto durante los días del campeonato. Tras la negativa del Cabildo a abonar ese servicio, la empresa no ha reclamado ese dinero por vía judicial, lo que ha aumentado las sospechas sobre ese hipotético contrato.
Los técnicos creen que esa factura la abonó finalmente la Federación Española de Baloncesto (cuyo expresidente José Luis Sáez está investigado por la Fiscalía por presuntos delitos) o que la compañía portuguesa intentó cobrarla por dos lados.
También se ha conocido ahora que el Cabildo de Gran Canaria no ha recibido ni un euro por la organización del Mundobasket 2014, a pesar de que un convenio firmado con la Federación Española de Baloncesto establecía que la corporación insular ingresaría alrededor del 50% de la taquilla de los partidos celebrados en el Pabellón Gran Canaria Arena.
