El 71,17% de los 111 puntos de vertidos al mar que se han detectado en la isla de Gran Canaria carecen de autorización, según aseguró ayer la consejera regional de Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto. Más de la mitad de esos 79 puntos negros ilegales lanzan al Océano Atlántico aguas que no han sido depuradas o han recibido un tratamiento deficiente. Entre ellos destaca, por el gran volumen de los caudales que emite, el emisario submarino de la estación de bombeo del Teatro, en la capital grancanaria. El resto de emisiones ilegales son de salmuera o de piscinas de agua salada, también contaminantes. Los datos oficiales sobre vertidos que maneja el Gobierno canario ponen en tela de juicio la afirmación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que asegura que el 99% de las aguas residuales de Gran Canaria se depuran. La mayoría de los puntos de vertidos no autorizadas se localizan en Telde (14), Las Palmas de Gran Canaria (12), Mogán (11), Arucas (11) y San Bartolomé de Tirajana (10).
Los datos sobre vertidos en Gran Canaria evidencian un panorama preocupante porque reflejan que se sigue contaminando el mar y porque uno de los 33 puntos de vertidos que estaban autorizados, el emisario submarino del Teatro situado en frente de los Juzgados en la capital grancanaria, acaba de ser ilegalizado hace unos dos meses por haber superado los volúmenes anuales de aguas residuales permitidos y por la deficiente calidad de la depuración de los caudales que, en ocasiones, son emitidas sólo con un tratamiento primario o secundario.
Según el expediente del Gobierno canario, que ha concluido con la ilegalización del punto de vertido, el emisario submarino está también roto por varios sitios, lo que provoca que el derrame se produzca mucho más cerca de la costa de lo que establece la normativa, una circunstancia que agrava los efectos de la emisión. Las aguas deben ser lanzadas a 2.000 metros de la costa y a 37,5 metros de profundidad.
Otro punto de vertido autorizado, que está a punto de ser ilegalizado por parecidas circunstancias -salvo que el Consejo Insular de Aguas mejore las condiciones de depuración y respete el volumen de emisión permitido por el Gobierno canario- es el de la depuradora de Jinámar, en Bocabarranco (Telde). En una situación parecida se encuentran otros tres puntos de vertidos autorizados, debido a los problemas que existen en relación con la calidad y cantidad de los derrames de aguas residuales de las depuradoras de Bañaderos (Arucas), San Felipe (Guía) y Ojos de Garza (Telde).
En la actualidad, sólo 32 vertidos de los 111 que han sido detectados en Gran Canaria están autorizados. Los 79 puntos de vertido restantes son ilegales y se distribuyen entre doce municipios, aunque la inmensa mayoría están localizados en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, que además destacan por el volumen de aguas residuales que lanzan. En tercer lugar se sitúan Mogán y Arucas, con once puntos cada uno, y le siguen San Bartolomé de Tirajana, con diez; Gáldar, con seis y Moya, con cinco.El 59% de estos puntos de vertidos (un total de 45) no autorizados son aliviaderos y lanzan aguas negras sin depurar o con un tratamiento deficiente. El resto vierten salmuera, procedente en su mayoría de plantas de desalación, o aguas procedentes de piscinas particulares.
No autorizados
Entre los vertidos de aguas residuales no autorizados en la capital grancanaria figuran el aliviadero de la estación de bombeo de Santa Catalina; la conducción del desagüe de la depuradora de Tenoya; estación de bombeo de Costa Ayala; la estación de bombeo de Hoya de la Plata; el emisario submarino del Teatro y el tanque de tormentas de la Cícer que desemboca en Las Canteras. Otros vertidos ilegales son los siguientes: ampliación de la desaladora Las Palmas III, en Piedra Santa (salmuera); estación de bombeo de Albareda (agua salada de piscinas); estación de bombeo de la Base Naval (agua salada de piscinas); estación de bombeo de Santa Catalina (agua salada de piscinas); desaladora de El Corte Inglés (salmuera); y zona industrial entre astilleros (aparece vacía la información sobre el tipo de vertido). Además, la capital grancanaria tiene un total de 10 puntos de vertidos autorizados.
Por otra parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, manifestó ayer que , "más que echar las culpas a otros o avivar el pleito insular", el Gobierno canario "está preocupado en resolver el problema de los vertidos". De esta manera respondía Clavijo, tras el consejo de gobierno de La Gomera, a las acusaciones de Antonio Morales.
"El Gobierno de Canarias se ha centrado en colaborar en una competencia que no es suya", explicó Clavijo, quien recordó que la eliminación de los vertidos incumbe a los cabildos y ayuntamiento. "El Gobierno de Canarias tiene la comptencia de inspeccionar, evaluar y sancionar", aclaró el presidente, que añadió que el Ejecutivo canario ha puesto a disposición de los ayuntamientos los 1.200 millones de inversión del Fdcan para infraestructuras durante los próximos diez años y que "son los ayuntamientos y cabildos los que deciden si destinan o no ese dinero a obras hidráulicas que mejoren la depuración y el saneamiento para evitar vertidos".
"Son las islas con sus ayuntamientos los que han priorizado qué infraestructuras se quieren priorizar. Un ejemplo claro en Gran Canaria es Mogán, que quería instalar una depuradora, la presentó y no fue posible. Lo hemos solucionado en el Gobierno", sostuvo Clavijo, que aseguró querer "solucionar un problema que es de toda Canarias independientemente de que cada administración tenga su responsabilidad en relación con las aguas que se vierten al mar".
