El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reiteró ayer que el 99% de las aguas que se vierten al mar en la Isla están depuradas y acusó al Gobierno de Canarias y a Coalición Canaria (CC) de "mentir descaradamente" y "lanzar tinta de calamar" para intentar ocultar que en Tenerife se tiran 57 millones de litros diarios de aguas fecales sin tratar, lo que supone un delito medioambiental.

Morales convocó una rueda de prensa de urgencia para denunciar lo que, en su opinión, es una "contraprogramación" del Gobierno regional después de que él asegurara el martes que Gran Canaria es la isla que más se ha preocupado en las últimas décadas por la depuración de las aguas residuales y se quejara de que la Fiscalía de Medio Ambiente no haya intervenido en aquellos sitios donde se vierten directamente al mar las aguas fecales.

"Se han rasgado las vestiduras porque Gran Canaria depura el 99% de sus aguas; yo pensé que el Gobierno de Canarias, que el presidente Fernando Clavijo y la consejera de Política Territorial [Nieves Lady Barreto] se tenían que sentir orgullosos de que una isla cumpliera con su obligación de depurar las aguas y que no las vierta al mar sin tratar y, por tanto, contaminando el medio marino", declaró Morales

El también dirigente de Nueva Canarias (NC) afirmó que "el Gobierno de Canarias y la consejera de Política Territorial deben defender al conjunto de esta tierra y de sus instituciones, no pensar solo en Tenerife". Morales también aclaró que sus manifestaciones del martes "no se plantearon como una agresión a nadie".

"Lo dijimos expresamente, afirmamos que Gran Canaria ha cumplido con sus deberes, y no este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores del Cabildo; hemos sido responsables en los últimos años, de manera que hemos conseguido fabricar agua y depurar las aguas, de las que después el 50% se destinan a la agricultura", apuntó.

Incumplimientos

El Cabildo y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria atribuyen los incumplimientos que señalan los informes del Gobierno de Canarias a "simples trámites administrativos o cuestiones técnicas" y aseguraron que en los dos últimos años no se ha abierto ningún expediente sancionador ni se ha impuesto ninguna multa por esos vertidos.

Al contrario, resaltó Morales, "Gran Canaria ha perdido fondos del Estado y de la Unión Europea para infraestructuras hidráulicas porque los informes que ha elevado el Gobierno de Canarias dicen que esta isla cumple con los vertidos y que el dinero se debe destinar a aquelas islas que tienen problemas".

"Al hilo de lo que dijimos nosotros y de la contraprogramación del Gobierno de Canarias y de todo el aparato de CC, ahora parece que en Tenerife ya no existen vertidos y que los que tenemos que justificar y cumplir por no contaminar nuestras aguas somos precisamente los que estamos cumpliendo", sostuvo.

Morales compareció junto al consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, el de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Gerardo Henríquez para "salir al paso" de las informaciones publicadas por este periódico referentes a dos informes del Gobierno de Canarias que sostienen que las estaciones del Teatro y de Jinámar no cumplen la normativa y, por tanto, se les deniega la autorización para verter.

El presidente también respondió a las declaraciones de la consejera regional de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en las que sostiene que el 71% de los puntos de vertido de Gran Canaria no tienen autorización y algunos de los que están permitidos tampoco cumplen con la normativa.

A su juicio, la difusión de esos dos informes responden a una "contraprogramación en la que han intervenido algunos medios de comunicación, el Gobierno y Coalición Canaria con todo su aparato".

"Somos vanguardia en el tratamiento de las aguas y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, pero a veces nos cuesta aceptar esa realidad incluso a nosotros mismos en esta Isla", se quejó Morales, quien rebajó los incumplimientos que alega el Gobierno a "anomalías administrativas que se van a corregir".

Puso como ejemplo que en el emisario submarino de Bocabarranco de Gáldar se tiene que verter el agua a 1,5 kilómetros de la costa y se está haciendo a 350 metros, "pero eso no significa que las aguas no estén tratadas adecuadamente, como dice la consejera Nieves Lady Barreto, que está mintiendo o asumiendo una irresponsabilidad extraordinaria porque le han informado mal". De hecho, mostró un informe sanitario del propio de Gobierno de Canarias en la zona de baño de la playa de Bocabarranco, actualizado el pasado 21 de agosto, en que se señala que el agua es excelente.

También acusó a Clavijo por culpar al Cabildo de Cabildo de Gran Canaria de realizar vertidos ilegales "sin ofrecer ningún dato".

"Mienten y ponen en marcha una campaña para desmentir lo que esta isla ha conseguido en todos estos años, que es tratar las aguas de manera adecuada, 13 millones de metros cúbicos, de los que la mitad va al mar y el otra mitad se destina a la agricultura", opinó.

Respecto a los informes sobre las estaciones del Teatro y de Jinámar, ironizó sobre los argumentos del Gobierno para considerarlos ilegales. "Si vamos al detalle en la estación del Teatro, se dice que no acredita la titularidad del emisario, o que se necesita una arqueta para hacer las mediciones, o que la documentación aportada hasta la fecha no garantiza la estabilidad, todo cuestiones técnicas que no tienen nada que ver con que el agua esté depurada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende construir uno nuevo emisario que no está autorizado porque le están pidiendo que demuestre de quién es la propiedad o le dicen que le falta una arqueta. ¿Entonces qué hacemos con esas aguas fecales, las depuramos y las vertemos al mar por el actual emisario submarino o las tiramos al barranco Guiniguada?, preguntó.

Tras explicar que los trámites administrativos para una infraestructura hidráulica son complejos y muy lentos, porque intervienen los solicitantes, los ayuntamientos, los cabildos, el Gobierno autónomo o la Demarcación de Costas, Morales insistió en que "eso no tiene nada que ver con que las aguas se viertan al mar limpias y bien tratadas".

Sarpullidos

"Yo pensé -bromeó- que eran solo las cianobacterias las que producían urticaria, pero no, parece que la información de que el 99% de las aguas de Gran Canaria se depuren también produce sarpullidos a algunos".

Preguntado por el 1% del agua que se vierte sin tratar, declaró que se trata de núcleos rurales que aún tienen fosas sépticas o tuberías de particulares en la costa. Recordó que todos los puntos de vertidos de las empresas y de las entidades públicas "tienen que pasar los controles y la analítica, y si se detectara alguna irregularidad el Gobierno de Canarias está obligado a abrir un expediente, a sancionar e incluso a cerrar ese punto de vertido". Según Morales, en los dos últimos años no se ha abierto ningún expediente ambiental ni se ha puesto ninguna multa a las instalaciones del Cabildo.

"Si la consejera [Barreto] dice que el 70% de las aguas que se vierten al mar no están autorizadas, tendrá que explicarlo ella; para nosotros lo importante y lo fundamental es que las aguas estén tratadas", comentó Morales, quien consideró que el Gobierno pretende equiparar la falta de un trámite administrativo en Gran Canaria "con verter al mar 57 millones de litros diarios de agua sucia al mar, como ocurre en Tenerife".

Por último, Morales matizó sus declaraciones del día anterior sobre la Fiscalía: "Dije que me extraña que aquí cuando se rebosa una bacinilla enseguida hay un expediente medioambiental y que allí se rebosan muchísimas bacinillas y el Gobierno y las autoridades judiciales deberían actuar. Nunca he dicho que aquí la Fiscalía es imparcial y allí no, me parece bien que actúe la Fiscalía porque eso es lo que hay que hacer cuando se produce un delito medioambiental, pero que se apliquen los mismos raseros en todos lados".