El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, calificó ayer de "injustos" e "injustificados", además de "inciertos", los reproches lanzados por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien acusa al misterio público de favorecer a Tenerife al no investigar los vertidos de aguas residuales que se producen en dicha Isla.
"Parece que hace una doble crítica, un exceso de celo en Las Palmas frente a la inactividad de Tenerife, pero carece de sentido meter a la Fiscalía en esa polémica porque nosotros actuamos con sujeción al principio de legalidad y de imparcialidad", responde Garrido a Morales.
El presidente insular insinuó el pasado martes un trato desigual entre ambas provincias a la hora de investigar los vertidos de aguas negras en sus islas, con el argumento de que en Gran Canaria se depura el 99 % de las aguas residuales y sólo la mitad se expulsa al mar (el resto es para riego), mientras que en Tenerife el porcentaje de agua sin tratar ronda entre el 70 y el 90 %.
"No nos imaginamos lo que hubiera sucedido si Gran Canaria tirara al mar 57 millones de litros de aguas fecales al día; aquí se rebosa una alcantarilla y ya tenemos abierto un expediente en la Fiscalía", insistió Morales en su crítica, con la finalidad de señalar a Tenerife como la causante de un problema "gravísimo" que afecta a la salud pública.
Garrido, sin embargo, considera "falso" que la Fiscalía abra diligencias a golpe de reboso, sino cuando se presenta una denuncia o se aprecian indicios claros de delito, tal y como ocurrió con la investigación promovida por la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, que abrió diligencias tras una denuncia de Izquierda Unida por los puntos negros del litoral en la capital grancanaria.
El polémico emisario
El ministerio público, tras detectar focos de contaminación y de aguas poco tratadas en el emisario del Teatro (Avenida Marítima), entre otras zonas, se querelló contra la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa), pero el juez archivó la causa en octubre de 2015 porque las nuevas analíticas realizadas fueron positivas, es decir, no había evidencias objetivas de peligro para la salud pública o de contaminación de la flora y la fauna, que es lo que establece el Código Penal para condenar por este tipo de delito contra los recursos naturales.
Con todo, la investigación de la Fiscalía constató la existencia de graves incumplimientos de la autorización daba por el Gobierno de Canarias para verter a través del emisario del Teatro. Esas irregularidades son las mismas que las halladas ahora por los técnicos del Ejecutivo, cuya Viceconsejería de Medio Ambiente rechazó en julio el permiso solicitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para seguir usando el emisario. Entre los incumplimientos destaca el tratamiento deficiente del caudal depurado, la inestabilidad de la tubería y la falta de una arqueta que permita tomar muestras para controlar el afluente final, entre otras.
Esos incumplimientos, por tanto, fueron los que motivaron la querella de la Fiscalía y no el reventón de una alcantarilla. Las declaraciones de Morales han causado malestar en la Fiscalía por su falta de rigor, más encaminadas a fomentar el insularismo que la realidad del sistema de depuración isleño y su gestión. Fuentes del ministerio público recuerdan en ese sentido que hay dos playas de la capital cerradas al baño por contaminación fecal, Las Alcaravaneras y El Confital, esta última desde el pasado abril, y hasta el momento no se han resuelto las causas de los vertidos ni se ha averiguado el origen de los mismos.
Respecto a las microalgas bacterianas que han aparecido en Tenerife, Garrido considera "precipitado" abrir una investigación penal, entre otras razones porque los técnicos no se ponen de acuerdo en su origen y en sus efectos sobre los bañistas. En cualquier caso, no descarta pedir informes a corto o medio plazo.
