Declaró hace unos días que el 71% de los puntos de vertidos que hay en Gran Canaria no tienen autorización, y que algunos de los permitidos no cumplen con la normativa, por lo que podríamos hablar de que en la Isla hay vertidos ilegales. Sin embargo, el presidente del Cabildo grancanario asegura que el 99% de las aguas que se vierten al mar están depuradas ¿Quién miente?
No voy a decir quién miente y quién no. No voy a entrar en eso. Los datos que hay del estudio fotográfico en materia de vertidos al mar son reales y son los que son. Dicho eso, lo que tenemos que hacer todas las administraciones es ponernos a trabajar y no buscar culpables, ni hacer culpables a otras Islas. Todos hemos sido causantes de la situación que hay. Desde el Gobierno de Canarias, y desde las consejerías más implicadas en la materia, ofrecemos un pacto con todas las administraciones -ayuntamientos y cabildos- para solucionar cuanto antes, y en todos los sentidos, este asunto. Lo que debemos dejar de lado son las discusiones y empezar a trabajar. Y con el Cabildo de Gran Canaria hemos trabajado en estos dos años, cada uno en el ámbito de su competencia.
El presidente del Cabildo grancanario justificaba esta semana los datos con que, en los dos últimos años, no ha habido ninguna multa por parte del Ejecutivo, ni de la Fiscalía. Añadía además que incluso se habían perdido fondos del Estado y de la UE para mejorar las infraestructuras para dárselo a otras islas dado el buen estado de las aguas sucias que se vierten al mar ¿ha sido así?
Son cosas distintas. En nuestro caso, nuestra competencia es la autorización de las instalaciones, abrir expedientes, con sanción o no, en caso de haber irregularidades con las sanciones estipuladas por Europa. En 2007, la consejería de Agricultura elaboró un listado de puntos para mejorar los vertidos que se hacían al mar y hubo islas que presentaron proyectos. Pero vuelvo a repetir, lo que debemos hacer es intentar solucionar el asuntos entre todos. Con fondos de Europa y del Estado por los que el Gobierno de Canarias tendrá que luchar.
¿Cómo está la situación en las dos islas principales y en el resto del Archipiélago?
El próximo martes hablaré de ello en el Parlamento a petición propia así que, permítame, que esa fotografía del estado de los vertidos al mar la dé allí. La hoja de ruta está. Lo que queremos es colaborar con los ayuntamientos y los cabildos, y no solo en asesoramiento, autorizaciones, seguimientos y controles, para trabajar coordinados y solventar el asunto de los vertidos al mar. Con algunos ayuntamientos lo hemos conseguido; con otros aún no. Por eso proponemos un pacto con todas las administraciones para poner el foco de ese asunto donde debe estar. La actuación tendrá que ver mucho con la solución real que se le quiera dar al problema. Pelear por los fondos europeos y por el convenio de obras con el Estado, y negociar de la mano. Si no asumimos que este asunto es prioritario no se solucionará realmente el problema.
Las cifras que daba el Cabildo grancanario¿de dónde han salido entonces?
No voy a opinar sobre de dónde han salido o sobre las cifras. El Gobierno de Canarias hizo un informe al respecto en 2007, que hemos actualizado, y los datos son los que son. El Cabildo grancanario tendrá los suyos o algunos de ellos. A partir de la semana que viene mi intención es convocar y sentar a las administraciones para hablar sobre este problema. Y, a partir de ahí, trabajar para llegar a una conclusión. El documento del Gobierno canario creo que es claro al respecto.
Por lo que dice, parece que ninguna administración ha hecho bien los deberes
El Gobierno tiene las competencias de seguimiento y control, después de haber dado la autorización para que los ayuntamientos o los cabildos depuren las aguas sucias. Ese paso, que sí que hace, es muy importante. Pero no voy a incidir en quién tiene la culpa o no del asunto; no hay que seguir en eso, sino que somos todas las administraciones y los partidos políticos que participamos en ello responsables. Lo que tenemos que tener en el horizonte es cómo vamos a resolverlo. Es muy importante que en el tema de los vertidos al mar haya un pacto de todas las fuerzas políticas con las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura.
¿Dónde radica el problema de las aguas sucias que van al mar en Canarias? ¿en que hay demasiados vertidos ilegales o que no se están tratando las aguas como se debiera?
Como le digo, el día 12 daré a conocer en el Parlamento todos los datos, así como por los municipios que tienen esa competencia. Todo el agua que se vierte al mar debe estar tratada y los ayuntamientos deberían tener la infraestructura adecuada para ello si se les ha dado la autorización pertinente. Una vez que se tiene la autorización, se indica el tratamiento adecuado, la infraestructura; porque todo está relacionado. La autorización y el plan de seguimiento de esa autorización es lo que da garantía de que esos tratamientos son los adecuados. Todas las administraciones relacionadas con ese emisario tienen que ver con si se está trabajando correctamente o no. Por eso es tan importante la autorización, porque de ese modo comprobamos que el tratamiento que se hace a las aguas sucias es el adecuado.
Algunos expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria consideran que el actual sistema de depuración a gran escala que se usa en las Islas es obsoleto por su dific ultad en el mantenimiento y control, y proponen sistemas más descentralizados, que permitan depurar las aguas sucias y utilizarlas en el mismo lugar ¿qué opina al respecto?
Lo primero de todo es conocer bien los datos que tenemos al respecto. Y, a partir de ahí, ponerse a trabajar. Esta claro que todo lo que sea avanzar en infraestructuras y en nuevas tecnologías, será mejor para el tratamiento de las aguas y para la modernización de las instalaciones. Sin duda alguna hay que hacer inversiones en infraestructuras. No solo en su mantenimiento; porque algunas de ellas están rotas, no tienen la dimensión adecuada, sino también en la proporción de los litros que se vierten al mar. Hay fondos europeos para ello y el Gobierno de Canarias tendera la mano para que todos los ayuntamientos que tengan competencia en la materia puedan mejorar esa infraestructura.
¿Ayudará entonces el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a financiar la mejora del emisario submarino del Teatro, que la propia viceconsejería de Medio Ambiente ha desautorizado este mes de julio a verter aguas residuales debido a diversos incumplimientos de la normativa?
No hay de momento ninguna solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al respecto; tendrían que solicitarlo. Hay fondos europeos para ello y también están los del propio convenio de obras. Habría que negociar. Lo importante es reconocer los problemas, conocer dónde los tenemos, e implicarnos todos para resolverlos. Tiene que haber un compromiso por parte de los ayuntamientos y de los cabildos para destinar una parte de sus presupuestos a este asunto. Podemos establecer planes y etapas para que se vayan adquiriendo esas infraestructuras. Pero primero hay que saber la cifra exacta para sentarse a negociar. No se trata de sentarse en una fecha concreta, en una mesa de negociación, ni firmar ningún acuerdo político para ello. Este gobierno y está consejería han mantenido contactos con aquellos ayuntamientos que nos lo han pedido, y esa disponibilidad de trabajar conjunta sigue abierta. Lo principal es que todos estemos de acuerdo en que hay que solucionar el tema, y en que tenemos que ponernos a trabajar entre todos; con las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, que están implicadas en el asunto. Sin duda alguna no es un proceso que vaya acabar pronto, sino que llevará su tiempo.
Pero mientras llega el dinero para mejorar las instalaciones ¿qué hace, por ejemplo, la capital gran canaria con los vertidos de más que ha dicho la viceconsejería de Medio Ambiente que no pueden seguir saliendo por el emisario del Teatro?
Ese emisario ha tenido un proceso y las infraestructuras hay que adaptarlas. Para poder solucionar sus problemas hay que sentarse con el expediente en la mano y con los técnicos del Ayuntamiento; ya se ha hecho con otros consistorios para buscar una solución. La cuestión no está tanto el punto de partida, sino en el final; si queremos que las aguas vertidas al mar lleguen bien o mal. Y eso es lo que hay que hacer con cada infraestructura. Lo primero es asumir que hay que ponerle solución a eso, y comprometernos todos - ayuntamientos, cabildos y consejerías- a destinar fondos para ello, para no dimensionar los emisarios, y verter correctamente las aguas sucias al mar. Ninguna administración sola se puede aventurar a solucionarlo por su cuenta, tenemos que ser todas.
Aunque se ha descartado finalmente que el exceso de micr oalgas presentes en el mar este verano fuera debid o a los vertidos de aguas no depuradas ¿usted qué opina al respecto?
No voy a dar ninguna opinión personal en este asunto porque no la he dado en todo este tiem- po. Me remito a la que ha ofrecido el Gobierno de Canarias en este asunto tras los estudios que encargó en 2016 y 201, que las microal-gas tienen que ver con el cambio climático.
Algunos científicos del Banco Español de Algas hablan incluso de que algunas de estas microalgas son tóxicas para la salud, aunque luego se desdijeran de lo dicho, ¿no cree que el tema de las microalgas debería estudiarse más a fondo?
El consejero de Sanidad ha sido muy claro al respecto. Seguiremos estudiando las microalgas, teniendo muy claro que el origen de ellas está en el cambio climático. Para ello tenemos proyectos en marcha como el Observatorio del cambio climático. Un informe no puede meterse en una gaveta, hay que seguir investigando para que nos proporcione nuevos datos, aunque no es trabajo de un día. Pero es importante dejar claro que las microalgas tienen que ver con el cambio climático.
Por otro lado, el pasado 1 de septiembre entró en vigor la nueva Ley del Suelo. ¿Ha habido avalancha de peticione s de obras o actuaciones por parte de agricultores, empresarios o ciudadanos particulares?
En estos primeros ocho días, lo que está ocurriendo es que los ayuntamientos están informando sobre las autorizaciones administrativas, las licencias; lo que nos está requiriendo la gente que se ha acercado a preguntar. Habrá que esperar unos meses para conocer esos datos. Lo que va a hacer la consejería a partir de este mes es realizar dos cursos de formación conjuntamente con la Federación de Municipios, para que los técnicos municipales e insulares de ese departamento tengan un curso intensivo de seis semanas sobre el nuevo texto normativo y formación práctica de la ley. En función de la demanda; en unos dos meses creo, conoceremos el volumen de expedientes que están llegando a los ayuntamientos y veremos si hay que contratar otros perfiles profesionales, aparte del de jurista y arquitecto, para apoyar a los consistorios y desbloquear los asuntos. Pero para ello hay que conocer la realidad primero y hacer un diagnóstico por islas.
¿Cree que las quejas que han llegado a Europa podrían tumbar la ley?
No puedo decirlo, espero que la comisión de Peticiones de la Eurocámara se pronuncie pronto sobre la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes. Hemos trabajado con equipos profesionales para que analizaran los textos, y se cumpliera la normativa. Uno de nuestros empeños es que se ampliara la parte de participación. Pero, ahora, toca esperar.
¿Teme que la ley llegue también al Constitucional?
Creo que jugar a futurible es aventurarse. Solo queda esperar y, en cualquier caso, valorar lo que suceda.
