El vecino de Tejeda que causó en 2007 el mayor incendio forestal de Gran Canaria no eludió ayer su responsabilidad ni se escondió ante los medios de comunicación. Juan Antonio Navarro Armas, que ha aceptado ocho años y medio de cárcel, dio la cara en la primera sesión del juicio que se celebra durante esta semana en la Audiencia de Las Palmas. "Claro que me arrepiento. No quería causar esa catástrofe. Me duele el daño causado, todos esos animales muertos y ese destrozo", declaró el acusado a la salida de la Ciudad de la Justicia. ¿El motivo? Su contrato como vigilante forestal terminaba, quería que se lo prorrogaran y la empresa pública Gesplan no atendía a sus reivindicaciones por la falta de medios. No se trata de una "excusa" porque "lo que hice fue un disparate", añadió.

Antes, en el interrogatorio judicial, asumió la pena de cárcel pactada con la Fiscalía de Medio Ambiente y con el resto de las acusaciones, al tiempo que pidió "perdón" a las víctimas por causar una situación que "se le fue de las manos", explicó al tribunal popular. Navarro aclara que no quería quemar el 12 % de Gran Canaria, la mayor catástrofe ambiental sufrida, sino escenificar la falta de medios para vigilar los montes.

Eligió el día a "conciencia", un 27 de julio de 2010, sobre las 14.00 horas, cuando el calor pegaba con fuerza en Tejeda y la Isla estaba en alerta por riesgo de incendio. Iba en el coche oficial de Gesplan, se bajó y con un sólo fósforo prendió fuego a un montículo de pinocha que estaba situada al final de una pista forestal en la Reserva Natural de Inagua.

Navarro afirma que llamó "al minuto" al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) para que apagaran el fuego "al momento", pero vio "desalado" cómo las llamas corrían barranco arriba, impulsadas por el efecto gasolinera de la pinocha y las condiciones favorables para su propagación. El resultado: casi 20.000 hectáreas de terreno calcinadas, todas con un alto valor ecológico en las cumbres y medianías; más de 4.500 personas evacuadas para salvar sus vidas en los municipios de Tejeda, La Aldea de San Nicolás, Mogán y San Bartolomé de Tirajana; especies en peligro de extinción afectadas como el pinzón azul, y daños valorados en 18 millones de euros, cantidad que se corresponde con el dinero desembolsado a los afectados por el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

En palabras del jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que llevó la investigación, "nunca antes se causó tanto daño con tan pocos medios". El agente, que testificó ayer junto a otros dos compañeros, interrogó personalmente a Navarro en el cuartel de Tejeda. Fue citado al día siguiente, sábado, como testigo, porque en su puesto de vigilante mintió a las autoridades: dijo que había visto a dos jóvenes con pista de "toxicómanos" prender las llamas; que luego apagó el conato con unos matorrales y que intentó detenerlos.

De héroe a villano porque su versión, sin embargo, no convenció al inspector, que le reprochó varias incongruencias, entre ellas el uso de unas ramas para sofocar el fuego cuando tenía dos extintores intactos en el todoterreno de Gesplan. En ese momento fue cuando Navarro se derrumbó y comenzó a colaborar: entregó la caja de cerillas que guardaba en su casa e indicó, en la reconstrucción de los hechos, el lugar exacto donde quemó la pinocha con un "sólo fósforo". Los otros dos agentes participaron en la evacuación por mar de 700 vecinos en Tasarte y en la defensa del pueblo de Veneguera, que fue rodeado por las llamas y se quedaron allí atrapados junto a un camión de bomberos.

El fiscal Javier Ródenas solicitaba en su acusación 16 años de prisión, pero aminoró su petición ante la colaboración de Navarro, con la aplicación de la atenuante de confesión y de dilaciones indebidas. Ese acuerdo ha permitido al Cabildo, al Gobierno regional, a Gesplan, a la plataforma de afectados Más Nunca y a las aseguradoras llegar a un acuerdo extrajudicial sobre las indemnizaciones, dada la insolvencia del procesado y la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones, pues el acusado estaba contratado por Gesplan y el Cabildo tiene competencias en la materia. Sólo quedan fuera del acuerdo más de seis millones que reclama Palmitos Park y casi 80.000 euros en joyas de un vecino de Mogán. El juicio continúa hoy en la Audiencia.