La Fiscalía abrirá diligencias para investigar la construcción del delfinario de Palmitos Park, cuya legalidad cuestiona una sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). "Si esa ilegalidad llega a la Fiscalía lo investigaremos", asegura el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas, durante la última sesión del juicio por el incendio forestal de Gran Canaria de 2007, que se celebra hoy en la Audiencia de Palmas para resolver las indemnizaciones derivadas por los daños del incendio.

Al fiscal le llama la atención que la empresa incluya en peritación los perjuicios causados en los daños de las palmeras, pero luego no calculara la pérdida de ingresos que supuso que 7.000 metros cuadrados de Palmitos Park estuvieran vallados y cerrados para construir el delfinario. Ambos se abrieron al público en 2010.

El abogado de Aspro Parks, que es la propietario de Palmitos, Alberto Hawach, se ha puesto a disposición de la Fiscalía que aclarar cualquier duda, al tiempo que condena las insinuaciones lanzadas por el Gobierno de Canarias, entre ellas el supuesto enriquecimiento de la empresa con dinero público. Su perito calcula los daños en el parque zoológico en más de 18 millones, de los que han recibido ya 11,6 de la aseguradora, mientras que los peritos judiciales cifran el perjuicio real en 10,2 millones.

Al margen de las valoraciones técnicas, Hawach asegura que el delfinario no se ha construido con el dinero de la indemnización; que está en suelo rústico y no en un espacio protegido; que la sentencia no es firme, y que sólo se discute la idoneidad del instrumento elegido para aprobar el procedimiento, pues dispone de todos los permisos concedidos por las administraciones. La vista sigue con los informes de los demás abogados.