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Palmitos ve "desafortunado" que se les acuse de enriquecerse con el incendio

Cabildo, Gobierno regional y Gesplan reprochan a la empresa que infle los daños tras cobrar 11,6 millones de su aseguradora

Enrique González y Carlos Trujillo, los letrados que han defendido los intereses del Gobierno canario y del Cabildo en el juicio.

El magistrado Salvador Alba dejó ayer visto para sentencia el juicio por los daños del incendio forestal de 2007, con otro duro cruce de argumentos entre los abogados de las instituciones y el representante de Aspro Parks, empresa que reclama 6,8 millones por los daños causados en Palmitos Park. Su abogado, Alberto Hawach, calificó de "desafortunado" que el Cabildo, el Gobierno regional y la sociedad pública Gesplan les acusen de enriquecerse con el incendio. Aspro Parks es una empresa "emblemática" con más de 30 años de presencia en el sur de Gran Canaria y ha acreditado de manera "rigurosa" los perjuicios en sus instalaciones, expuso el letrado en su informe final.

Esos daños ascienden a 18,4 millones, de los que Palmitos Park ha recibido 11,6 de su aseguradora, por lo que reclama esos 6,8 millones de diferencia a los responsables civiles subsidiarios del fuego. Las llamas fueron causadas en Tejeda por Juan Antonio Navarro, un vigilante forestal que estaba contratado por Gesplan y que prendió fuego a la pinocha para que le renovaran el contrato.

Hawach reprochó a las administraciones que usen "medias verdades" para desacreditar a su perito, Rafael Trapiello, con un "remix" de informes que "no han sido ratificados" en el juicio y que fueron encargados "a medida" para "rebajar" la indemnización a la que supuestamente tiene derecho la propietaria del zoológico.

El informe al que se refiere el letrado está hecho por Godoy Consultores, la empresa que tiene adjudicada en la Comunidad Autónoma el servicio de tasaciones de daños para los juzgados, motivo por el que Hawach pone en duda también la "imparcialidad" de esas conclusiones por el vínculo contractual con el Gobierno.

Las administraciones, en cambio, se aferran a dicho informe para recriminar a Aspro Parks que "infle" las ventas para "sacarle dinero" a las instituciones en el peor momento de la crisis, con la consiguiente caída del turismo, señaló el abogado de Gesplan, José María Palomino.

El letrado de la empresa pública, que pertenece al Ejecutivo, destacó que Trapiello no hizo objeciones al informe de la aseguradora y, por lo tanto, se mostró conforme con la valoración de los daños, incluso se aprobó por unanimidad el acta de tercería, con una indemnización final de 11,6 millones y la renuncia a ejercer acciones legales para reclamar más perjuicios derivados del fuego.

A pesar de ese acuerdo, Aspro Parks presentó un año después otro informe, con el argumento de que esos daños no estaban incluidos en la póliza y que la renuncia a reclamar era sólo con la aseguradora. Palomino, en cambio, se apoya en el dictamen de Godoy para concluir que se trata de los mismos perjuicios, con conceptos ya indemnizados como el lucro cesante, los caminos vinculados a las construcciones, las jaulas y los animales tanto vivos como muertos.

Se incluye, además, un nuevo parámetro con las pérdidas al año siguiente de la reapertura ("periodo de perturbación"), pero el perito judicial considera que ese concepto es una "falacia" y Palomino asegura que evidencia el "afán de lucro" de la empresa, pues Godoy Consultores, tras analizar en 2016 todas las periciales, ha cuantificado el daño final en 10, 2 millones, esto es, 1,4 menos que lo abonado por la aseguradora Allianz (11,6).

"La pericial de Palmitos Park está totalmente inflada. Es inadmisible, ese daño no se ha producido. Todo es un invento para tratar de cobrar más", añadió el letrado del Cabildo, Carlos Trujillo. "No procede pagar más, sólo en palmeras que no se han quemado hay un millón más", concluyó el abogado del Gobierno canario, Enrique González Hernández.

Los tres recordaron que el límite de la cobertura asegurada por Aspro Parks eran 30 millones. Por eso no comparten que la empresa acepte 11,6 millones, se comprometa luego a no reclamar más y exija ahora 6,8 millones, una indemnización que pagarían "todos los canarios" si finalmente es acordada por el juez.

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas, también rechazó la reclamación patrimonial de Palmitos Park, incluso se mostró partidario de investigar la construcción de su delfinario "si esa ilegalidad llega a la Fiscalía", añadió el ministerio público. La atracción se abrió en 2010 con el resto del zoológico, pero una sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona su legalidad.

Al fiscal, en estos cuatro días de juicio, le ha llamado la atención que la empresa incluya en su peritación los perjuicios causados por el fuego en las palmeras, pero luego no tenga presente para calcular la pérdida de ingresos que 7.000 metros cuadrados del parque han estado vallados por la obra.

El abogado de Aspro Parks replicó que se pone a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier duda, al tiempo que condena las insinuaciones de "enriquecimiento injusto" y niega que exista mala fe en la reclamación.

Al margen de las valoraciones técnicas, Hawach aclara que el delfinario no se ha construido con la indemnización; que está en suelo rústico y no en espacio protegido; que la sentencia no es firme, y que sólo se discute la idoneidad del instrumento elegido para aprobar el proyecto, pues dispone de todos los permisos concedidos por las administraciones.

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