El Cabildo de Gran Canaria exigirá formalmente al Gobierno regional que rectifique sus acusaciones sobre vertidos contaminantes al mar, que consideran falsas y que atribuye a "una campaña de desinformación que perjudica gravemente a la isla" para tratar de beneficiar a Tenerife.

"Haremos llegar al Gobierno un escrito del Cabildo exigiéndole una rectificación, porque ha hecho mucho daño a la isla de Gran Canaria", anuncia el presidente de la corporación, Antonio Morales (NC), en una rueda de prensa convocada expresamente, según destaca, para "desmentir" al Ejecutivo.

Morales sostiene que el Gobierno que preside Fernando Clavijo ha llevado a cabo "una agresión directa al Cabildo y, por lo tanto, a los intereses de Gran Canaria", al insistir en que sus aguas residuales se vierten al mar sin tratar cuando estas son depuradas en un 99 % de su volumen y solo quedan al margen las procedentes de algunas piscinas particulares o pequeños núcleos de casas aislados que carecen de saneamiento, sostiene.

Como prueba de sus palabras, Antonio Morales, facilita datos de un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias fechado en 2013 que certificaba que ya entonces en la isla se depuraba un 93,56 % de las aguas de residuales, proporción que, afirma, se ha incrementado hasta el 99 % en los últimos años, así como otros documentos que -insiste- desdicen al Gobierno de CC.

A su juicio, el Ejecutivo canario ha dicho que "ha intentado engañar a los ciudadanos" mediante una estrategia basada en "mezclarlo todo para confundir", al juntar en el debate los vertidos contaminantes que no han sido debidamente tratados antes de enviarlos al mar con la situación de la tramitación de los permisos de las instalaciones donde se depuran o canalizan las aguas residuales.

Puesto que esos permisos están en trámite desde hace tiempo, habiéndose prolongado hasta cuatro años en algunos casos, porque dependen de otras administraciones ajenas al Cabildo, como las autoridades estatales de Costas o el propio Gobierno canario, pero eso no supone que dichas depuradoras no cumplan con la legalidad, tal y como se ha querido dar a entender, argumenta Morales.

Para demostrar sus palabras, el presidente del Cabildo exhibe escritos remitidos al Ejecutivo por el Consejo Insular de Aguas dando cuenta del envío de los informes de "vigilancia y control de vertido al mar" de esas instalaciones con los correspondientes sellos de registro que acreditan su recepción por parte de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

En su opinión ello corrobora que desde el Gobierno se ha mentido al sostener que la carencia de los permisos hacía imposible ejercer un control de la calidad de las aguas vertidas al mar procedentes de las depuradoras de Gran Canaria y que "la información que dicen no tener sí la tienen".

Por todo lo expuesto, Antonio Morales reitera sus críticas al Ejecutivo de CC y, en especial, a su presidente, Fernando Clavijo, con el argumento de que su proceder en este conflicto, que se prolonga desde semanas atrás, ha estado motivado por un interés de "tapar los escandalosos vertidos contaminantes de Tenerife".

Algo que ha hecho "para salvar a un proyecto político o una institución que está en sus manos y que se ve que no ha hecho los deberes", añade en referencia al Cabildo de Tenerife, que preside su partido, CC.

Frente a ello, Morales insiste en que reclamará a Clavijo que rectifique, "porque no puede, el presidente de los canarios, de manera interesada, hacer daño a una isla, debe ser el presidente de todos los canarios y no de una isla, en concreto de la isla de Tenerife".