Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre el saneamiento de las aguas en las entidades locales sostiene que la mayor parte del agua que se depura y se vierte al mar en la isla de Gran Canaria carece del tratamiento terciario que exige la normativa de calidad de la Unión Europea.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, esgrimió ayer este informe de la Audiencia de Cuentas para asegurar que el 93% de las aguas ya se depuraban desde el año 2013 y que con las obras realizadas en los últimos años ya se alcanza el 99%, una cifra en la que ha insistido desde el inicio de la polémica con el Gobierno de Canarias.
Efectivamente, ese dictamen de la Audiencia, de diciembre de 2015, certifica que en la isla de Gran Canaria se aplica el tratamiento primario y secundario al 100% del volumen depurado, con la excepción de Las Palmas de Gran Canaria, que en esas fechas era del 83%, pero no así el tratamiento terciario, que es el que se exige para cumplir los objetivos de calidad y las disposiciones de las Directivas comunitarias sobre depuración de aguas residuales urbanas.
Respecto al tratamiento terciario, en informe de la Audiencia de Cuentas precisa que se aplica a un 52% del volumen de las aguas en San Bartolomé de Tirajana, a un 33% a las depuradas por la Mancomunidad del Sureste, a un 33% de las tratadas por el Consejo Insular de Aguas del propio Cabildo y el 6% de las de Gran Canaria.
En un nuevo episodio en la guerra de cifras entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias respecto a los vertidos al mar, el presidente Morales compareció ayer para mostrar las certificaciones e informaciones que se han remitido a la Dirección General de Protección de la Naturaleza y este informe de la Audiencia de Cuentas.
Según Morales, que Gran Canaria "depura la práctica totalidad de sus aguas es un hecho que no solo certifican los controles del Cabildo y de las otras entidades que tratan agua en la Isla, sino que ya lo certificó la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe de 2015 referido a 2013". En ese momento, apuntó, "nadie dijo nada, ni negó que Gran Canaria depurara sus aguas".
Tras afirmar que "el Gobierno canario y una campaña político-mediática se empeñan en mentir a la ciudadanía y negar esta realidad con el fin de camuflar la de Tenerife, que vierte al mar 54 millones de litros de aguas fecales al mar cada día", Morales resaltó que informe también detalla que los 21 municipios de Gran Canaria cuentan con depuración, frente a los 14 municipios de los 31 de Tenerife.
Desde 2013 ha aumentado el nivel de depuración hasta el 99% porque se han ejecutado tres importantes obras hidráulicas: la adecuación de la depuradora de Jinámar a las necesidades reales de la población y la eliminación del vertido de Bocabarranco; el colector de la capital en Las Rehoyas; y la planta de Tamaraceite.
Rectificación
Morales acusó al Gobierno regional de "mentir y confundir" a la ciudadanía" al presentar en el Parlamento un avance de informe sobre emisiones que todavía no ha entregado al Cabildo "en el que habla de varias decenas de vertidos ilegales de los que no aclara que muchos se refieren a piscinas y pequeñas desaladoras que producen salmuera, y todo para confundir y hacer creer que son vertidos de aguas fecales sin tratar".
"Tanto es así, que se refiere a ellos como vertidos ilegales, en vez de vertidos en procesos de legalización, tramitaciones administrativas que en muchos casos está en sus manos resolver", recalcó.
Ante ello, Morales anunció que el Cabildo exigirá formalmente al presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, una rectificación sobre sus acusaciones sobre vertidos contaminantes. En su opinión, Clavijo "ha agredido a la isla de Gran Canaria con una campaña de desinformación que perjudica gravemente a la isla para beneficiar a Tenerife".
