El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, ha remodelado el grupo de gobierno después de las últimas dimisiones y ceses que han afectado a los dos concejales de Unidos por Gran Canaria, que decidieron salir después de que uno de ellos fuera imputado por un asunto del mandato pasado, y la edil de Coalición de Centro Democrático perdiera la confianza del presidente de la corporación.

Armengol ha firmado el decreto por el que se reorganiza la distribución de áreas de gobierno entre los cuatro ediles de Ando Sataute y los concejales de PSOE y Nueva Canarias (NC), con el objeto de racionalizar la gestión entre los seis ediles que forman el nuevo grupo de gobierno.

El reparto de concejalías y tenencias de alcaldía queda conformado de la siguiente forma: Rosalía Rodríguez Alemán (Ando Sataute) asume Participación Ciudadana, Solidaridad, Igualdad, Salud Pública, Consumo, Desarrollo Local, Empleo, Comercio, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos.

Lucas Tejera Rivero (PSOE) llevará Acción Social, Mayores, Parques y Jardines, Deportes, Cementerio y Servicios Funerarios. Por su parte, José Luis Álamo Suárez (NC) estará al frente de Turismo, Mercadillo y Agricultura, Festejos, Protocolo, Tráfico, Transportes, Vía Pública, Policía y Protección Civil.

Urbanismo

Por su parte, a los concejales de Ando Daniel Gregorio López García le ha correspondido Urbanismo (Ordenación y Gestión del Suelo), Medio Ambiente, Vivienda y Actividades Edificatorias, Patrimonio Municipal y Personal, mientras que Melquiades Álvarez Romero asume Educación y Cultura (Infancia y Juventud), Patrimonio Etnográfico, Nuevas Tecnologías y Comunicación, Servicios Generales y Urbanos (Limpieza de Edificios y Colegios Públicos, Alumbrado).

El concejal delegado de Urbanismo tendrá, además, las siguientes facultades resolutorias: dictar cuantas resoluciones sean precisas para restaurar el orden urbanístico infringido; imponer las sanciones procedentes en materia de Disciplina Urbanística, Actividades Inocuas y Clasificadas conforme a la normativa en vigor aplicable; dar cuenta a la jurisdicción ordinaria de los ilícitos urbanísticos o del incumplimiento de las órdenes municipales a efectos de exigencia de responsabilidad penal en que hubieran podido incurrir los infractores.