El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer la subvención de 45.152 euros al Centro de Estudios y Difusión del Atlántico (CEDA), un grupo ligado a Juan Manuel Brito, exvicepresidente de la institución hasta el pasado mes de febrero, tras un tenso enfrentamiento del presidente Antonio Morales con los consejeros del PP y de Podemos, a los que acusó de formar "una pinza" contra el gobierno insular y repetir "viejas prácticas del neofranquismo y del estalinismo".

La ayuda del Cabildo al proyecto Grupo de Estudios Transdiciplinares sobre Movimientos Políticos y Sociales de Canarias (Gemos), en el que Brito aparece como coordinador en varios documentos, salió adelante con 15 votos a favor del gobierno insular (NC, PSOE y dos no adscritos) y 11 en contra (PP, Unidos y Podemos).

Todos los grupos de la oposición reclamaron a Morales que retirara la propuesta y sus socios del PSOE incluso se mostraron de acuerdo en que se aclarara la legalidad de la subvención con un informe jurídico, pero el presidente desoyó esas peticiones y tampoco accedió a realizar una votación separada de ese punto. Eso provocó otra airada protesta de los portavoces de la oposición, pues les obligó a votar en contra de otras modificaciones de crédito con las sí estaban de acuerdo, como dos ayudas por valor de 250.000 euros a los afectados por el cierre de la carretera de Agaete a La Aldea.

El consejero de Hacienda, Pedro Justo, defendió la legalidad de la subvención y explicó que se concede a CEDA, una entidad presidida por un catedrático universitario que ya recibió ayudas del Cabildo en el mandato anterior. "En la solicitud no aparece Brito y si apareciera tampoco habría ninguna ilegalidad", alegó Justo, que acusó a PP y Podemos de "hurgar y mangonear en la vida de la gente" como si fueran el CNI.

Brito, según el responsable de Hacienda, solo hubiese cometido alguna irregularidad si en su etapa de vicepresidente hubiese concedido alguna ayuda a CEDA o a ese proyecto, pero nada le impide trabajar ahora para ese grupo.

El presidente Morales incidió después en ese argumento. Tras recordar que Brito fue denunciado por abusos a menores al principio del mandato, en una causa ya archivada, y después criticado por su propio grupo político y finalmente expulsado de Podemos, el presidente declaró que "ahora intentan que no pueda trabajar, ni ejercer su profesión, ni tener una vida normalizada". "Me parece una barbaridad que se intente la muerte cívica de esta persona, es un ataque personal gravísimo y profundamente antidemocrático", reiteró.

Aurora del Rosario, consejera del PP, denunció que se trata de una subvención a dedo para que Brito cobre un sueldo del Cabildo y "pueda seguir haciendo proselitismo y campaña" a favor de Morales. "En el proyecto figura él como coordinador y en las redes sociales presumía de estar vinculado a CEDA y a Gemos, tanto que ahora tiene que ocultarlo y porque eso ya ha borrado sus perfiles labores y sus páginas en internet", señaló Del Rosario, quien consideró que esa es la mejor prueba de la cacicada que comete el gobierno insular.

La dirigente popular también criticó que los afectados por el cierre de la carretera de La Aldea hayan tenido que esperar durante un año para ver aprobadas sus ayudas, o que muchas ONG hayan sido excluidas de las subvenciones con el argumento de que tienen que acudir a un concurso público competitivo, y "ahora el proyecto de Brito obtenga 45.000 euros de un mes para otro", pues lo pidió en julio y se lo tramitaron en agosto".

José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos, también criticó que unas subvenciones tengan que pasar por un concurso y otras se concedan de forma directa. "No podemos votar a favor a favor porque hay muchas dudas razonables", apuntó.

Miguel Montero, portavoz de Podemos, aseguró que "el 90% de esos 45.000 euros van a ir directamente al sueldo del coordinador del proyecto, que es Brito", pero añadió que "aunque fuera otra persona, también es mucho dinero para escanear documentos y carteles". También se preguntó cómo este grupo tuvo acceso a algún funcionario del Cabildo que le tramitara la solicitud en pleno verano. "Aquí se da dinero a dedo cuando interesa y a quien interesa, mientras la gente de La Aldea ha tenido que esperar una año".