Cambiar la bañera del baño por un plato de ducha, instalar una silla salvaescaleras, colocar dispositivos lumínicos en la vivienda para facilitar la vida a las personas sordas, o detectores de humo en el caso de los invidentes, son algunas de las obras o actuaciones a las que hará frente el Cabildo de Gran Canaria en un total de 60 viviendas de la Isla para resolver los problemas de accesibilidad a las que deben ser frente muchos ciudadanos con discapacidad o mayores en situación de dependencia. La partida prevista para hacer frente este año a estas necesidades se eleva a unos 200.000 euros, pero se ha quedado pequeña porque la lista de peticionarios la componen unas 210 familias.
Aunque el nivel de las ayudas se estableció en unos 8.000 euros por persona finalmente el máximo puede alcanzar hasta los 12.000 euros, puesto que artilugios como una plataforma elevadora tienen un coste de 10.000 euros.
Si bien esta convocatoria de ayudas, que ahora se distribuye a los ayuntamientos de la Isla se publicó en abril de 2016, la consejera de Vivienda del Cabildo insular, Minerva Alonso, responsabilizó a su antecesora en el cargo, Ylenia Pulido, militante de Podemos, del retraso en la tramitación de todo el expediente el pasado ejercicio.
Retraso de Podemos
Según aclaró, cuando se hizo cargo de este departamento, tras la salida del pacto de gobierno de la formación de Pablo Iglesias, no se habían realizado ni siquiera las visitas a las viviendas de los solicitantes, labor para la que se cuenta con una sola arquitecta, y que se resolvió el pasado mes de junio. Con todo, dijo que las primeras subvenciones para la accesibilidad de los hogares fueron puestas en marcha en 2015, pero también se repartieron un año después.
La consejera justificó ayer, en el acto de firma del convenio con los alcaldes o ediles de los ayuntamientos de la Isla, que "siempre se solicitan más subvenciones de las que se puede atender", y añadió que, por este motivo, su intención es que la cuantía se incremente hasta los 500.000 euros para que en 2018 se pueda beneficiar un mayor número de personas, ya que resolver esas barreras arquitectónicas supone no sólo una ayuda para darle autonomía a los afectados sino también para quienes les atienden. Alonso destacó que la propuesta se ha trasladado al departamento de Hacienda para que la partida se recoja en el borrador de los presupuestos del próximo año.
La contratación y ejecución de las obras corren a cargo de los ayuntamiento, que disponen de dos meses desde ayer para llevar a cabo estos trabajos, si bien en el caso de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Firgas y San Bartolomé de Tirajana han derivado estas tareas al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Guía ha sido el único municipio donde no ha habido ningún beneficiario.
Con todo, el citado plazo se puede prorrogar por otros dos meses para la ejecución de los proyectos que deben ser justificados por los técnicos municipales en los 30 días siguientes al comienzo de las obras o la entrega de los materiales. El Ayuntamiento con más ayudas aprobadas es el de Las Palmas de Gran Canaria que atiende así los problemas de diez personas a los que el Consorcio de Viviendas destina casi 45.000 euros.
Con cuatro solicitantes a los que se da cobertura de estas necesidades figuran los consistorios de Firgas con una dotación total de 8.700 euros, San Mateo con 9.000 euros, Telde cuya partida asciende a casi 18.000 euros, Valsequillo con 8.100 euros, Moya cuyo ayuntamiento recibirá 9.000 euros, y Santa Brígida con casi 13.000 euros.
Los municipios que cuentan con tres beneficiarios son Arucas con un montante de 7.000 euros, Ingenio con casi 10.000 euros, La Aldea que recibirá también casi 10.000 euros, San Bartolomé de Tirajana 10.500 euros, y Santa Lucía disponer de una ayuda que asciende a 9.000 euros. Con dos beneficiarios figuran Agaete, Gáldar y Mogán y con un proyecto firmaron Agüimes, Artenara y Teror.
Para atender todas estas demandas, los departamentos de Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos han tenido en cuenta los recursos económicos y la situación personal así como las condiciones de la vivienda de cada uno de los solicitantes. Según dijo la consejera , también se contó con la ayuda de los miembros de asociaciones de personas con discapacidad, como Cermi y la Once, que aportaron soluciones para muchos de los casos planteados por los solicitantes.
