El despido de cuatro de los cinco empleados interinos que fueron contratados en 2008 por el Cabildo de Gran Canaria para redactar el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), ha enfrentado a la consejera de Recursos Humanos y Organización, María Isabel Santana (PSOE) con la consejera de Política Territorial, Inés Miranda (NC). La disparidad de criterios entre Santana y Miranda ha rebasado incluso el acuerdo unánime del pleno, adoptado el pasado 28 de abril a favor de se que se mantuvieran estos empleos.
Miranda trasladó por escrito el pasado mes de septiembre a Santana la necesidad de prorrogar esos contratos debido a que el PIO, instrumento de ordenación de esta corporación insular, todavía se encuentra en la fase de exposición pública y aún queda trabajo por hacer, finalmente la consejera de Recursos Humanos decidió prescindir de estos trabajadores en tanto que la Ley Racionalización del Gasto Público de 2014 establece que los programas de carácter temporal no podrán tener una duración superior a los tres años.
La consejera de Recursos Humanos dijo ayer que intentó buscar una solución, pero tres informes: el del jefe de sección, el del jefe de servicios, y el del titular de los servicios jurídicos llegaron a la conclusión de que no se podían seguir prorrogando los contratos.
Carácter retroactivo
Por contra, un informe del letrado del Cabildo, Carlos Trujillo, de 2017, que ratifica otro que ya elaboró en 2014, advierte que "la denegación de la prórroga supondría la aplicación retroactiva de la Ley 15/2014 , cuestión que "no es posible" en este caso porque estos funcionarios interinos fueron nombrados antes del 18 de septiembre de 2014. Son precisamente estos informes a los que alude la consejera de Política Territorial cuando reclama a la socialista María Isabel Santana que mantenga estos contratos.
Desde octubre de 2008 el Cabildo contrató a dos arquitectos, un ingeniero de caminos, canales y puertos, un licenciado en ciencias ambientales, y una licenciada en ciencias jurídicas para la adaptación del planeamiento insular a las Directrices Generales del Turismo, y a la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Los contratos se renovaron en 2014 por tres años, y quedaban extinguidos el 19 de septiembre de 2017 si no se volvían a ampliar. Desde ayer estos técnicos están despedidos, a excepción de uno de los arquitectos, que se ha quedado como interino.
