Hace poco más de un año, a principios de noviembre de 2016, se desplomaba sobre el ya castigado tramo de carretera de El Risco-La Aldea unos 300 metros cúbicos de piedras, y lo hacían casi de forma simultánea destrozando el potente mallado con el que, una y otra vez, se intentaba contener el acantilado.

Tras casi dos semanas de estudios técnicos el Cabildo de Gran Canaria tiraba la toalla. No había forma de garantizar la seguridad en la zona de Andén Verde, que acumulaba desde hacía décadas un siniestro historial de accidentes, dejando al pueblo de La Aldea de San Nicolás totalmente aislado por la zona norte.

El cierre definitivo de la GC-200 provocó un revulsivo en la localidad, reduciendo las visitas turísticas y multiplicando los costos y tiempos de transporte a la capital de la isla o a los municipios donde se surten de bienes y servicios hasta abril de este año, momento en el que gracias a la inauguración de los nuevos túneles se abrió de nuevo la ruta del Norte.

Por todos motivos el consejo de Gobierno del Cabildo aprobaba ayer una línea de ayuda de 250.000 euros en total para ayudas a los residentes de La Aldea que se han visto económicamente afectados.

Según explica la Corporación insular los aldeanos podrán acogerse a esta línea para afrontar gastos de desplazamientos para consultas médicas, juzgados, registros de la propiedad o mercantil, acompañamiento hospitalario para familiares hasta segundo grado de consanguineidad, citaciones o gestiones en organismos oficiales del Cabildo, Gobierno canario o Administración General del Estado, así como la asistencia a cursos de formación oficial y enseñanzas universitarias.

El Cabildo también, según la disposición aprobada ayer, hará frente a "las peticiones de la ciudadanía que tuvo que cambiar su residencia a La Aldea para atender sus obligaciones, a las personas empadronadas en Gran Canaria que trabajan en La Aldea, a las empresas de hasta diez trabajadores, a los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en estos lugares y a las distintas entidades sin ánimo de lucro".

En este último aspecto, concederá "hasta el 75 por ciento del lucro cesante en caso de trabajadores autónomos, profesionales y pequeñas empresas, así como a las asociaciones sin ánimo de lucro, con un límite de 3.000 euros, además del 75 por ciento del alquiler de personas que hayan tenido que trasladar su residencia".

Asimismo sufragará, por otra parte, el cien por cien de los gastos acreditados de las personas físicas que se hayan desplazado a citas médicas, juzgados y estudios, entre otros aspectos contemplados en la convocatoria.

Los interesados tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar sus solicitudes en el Registro General del Cabildo, en el registro de los ayuntamientos de La Aldea y de la villa de Agaete, en los registros de las administraciones públicas, en Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley.

Las peticiones recibidas antes del 20 de diciembre y que cumplan con los requisitos de la convocatoria serán abonadas "este mismo año", según las mismas fuentes.

Licitación

Mientras, aún queda por terminar la segunda fase de la nueva carretera que, una vez superado el obstáculo de Andén Verde por los nuevos túneles, debe conectar El Risco con Agaete, en un proyecto que costará unos 200 millones de euros y del que el Cabildo ha pedido al Gobierno de Canarias que se licite antes de finalizar el año.

De momento ya se comenzado, con un presupuesto de 17 millones de euros, con el expediente de expropiación, para unas obras que tienen un plazo de finalización de cuatro años.

Para ejecutar la primera fase se invirtieron otros 98 millones de euros para la construcción de los citados túneles que, con siete kilómetros de longitud, son los más largos de Canarias.