El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Telde considera que la anulación del contrato de limpieza y recogida de basuras por parte del Ayuntamiento de Valsequillo, en contra de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), está más que justificado por los incumplimientos reiterados de la empresa.
La magistrada Esperanza Ramírez Eugenio ha dictado una sentencia en la que rechaza el recurso presentado por ese motivo por FCC, si bien contra la misma cabe recurso. El 5 de enero de 2015 el Ayuntamiento acordaba la resolución del contrato "por incumplimiento de las obligaciones que corresponden a la mercantil hoy demandante", señala el fallo.
La empresa había solicitado que se declarara la nulidad de la resolución impugnada, "alegando que no existe causa de resolución del contrato,", y que se condenara al Ayuntamiento. El contrato fue adjudicado a la demandante el 12 de abril de 2010 por un precio de 465.762 euros por cada uno de los años del servicio.
La duración del contrato era de diez años y la resolución se basa en "una serie de incumplimientos que entiende la administración constituyen infracción muy grave de las obligaciones esenciales asumidas por la entidad contratista", y que la habilitan para su derogación.
El Ayuntamiento señala que los incumplimientos se concretan en la falta del lavado de contenedores y papeleras, así como su sustitución y mantenimiento, incumplimiento reiterado en el uso del agua de abasto, incumplimiento por ausencia y deficiencias de las instalaciones fijas, y desobediencia y reincidencia en todos ellos.
Por su parte FCC señala que el consistorio incumplió el contrato y no hizo efectivo el pago de las cantidades adeudadas, "a pesar de lo cual se continúa prestando el servicio". La empresa ha negado siempre los incumplimientos que se le imputan.
La sentencia, apoyándose en el informe emitido por el Consejo Consultivo de Canarias, pone de manifiesto que durante 2013 y 2014 se ha producido de forma constante por la entidad contratista la omisión del lavado de contenedores y papeleras, así como la sustitución y mantenimiento de los mismos, lo que produce un riesgo para la salud pública por generar un ambiente insalubre, malos olores, presencia de insectos, falta de higiene, suciedad y contaminación por descomposición de restos orgánicos.
Se ha constatado además que existe una gran cantidad de contenedores inservibles e inoperativos, siendo insuficientes para el depósito de residuos por los vecinos y para el correcto cumplimiento del servicio de recogida.
