Un trabajadora del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) confirmó ayer que el actual consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, realizó funciones de una categoría profesional superior a la que pertenecía, durante su etapa como responsable del proyecto Gran Canaria Accesible, entre 2010 y 2017, y por lo que reclamaba a la Corporación más de 70.000 euros. Tras una sentencia anterior favorable a Rodríguez, que reconoce que desempeñó trabajo extra, ahora mantiene otra demanda contra la institución de cuyo gobierno forma parte, contra el IASS y la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias para reclamar 9.564 euros por salarios adeudados entre agosto de 2016 y febrero de 2017.

A las preguntas formuladas por el abogado de la acusación, Alejandro Pérez, la testigo declaró que, entre otras labores, Miguel Ángel Rodríguez había realizado las funciones de crear y promover el proyecto, establecido los recursos humanos, organizado eventos, controlado y supervisado el proyecto y los trabajadores implicados, había elaborado los pliegos de las condiciones técnicas, gestionado los equipos de trabajo y realizado estudios de investigación y campañas de conciencienación y sensibilización entre la sociedad isleña.

Jefe de Servicio

La testigo explicó que el proyecto Gran Canaria Accesible "no tenía un Jefe de Servicio como tal" y que era Rodríguez quien acudía a las reuniones convocadas por la gerencia del IASS y actuaba como representante ante las consejerías y otros organismos. Es decir, había actuado como Jefe de Servicio, asimilable a un trabajador del Grupo I de la Administración Autonómica y que por tanto le correspondería un salario superior.

Los tres abogados de la defensa han solicitado que se desestime la demanda. Y para evitar el pago de los 9.564 euros que reclama Miguel Ángel Rodríguez, Isabel Esther Martín Mora, letrada del Cabildo de Gran Canaria, alegó que Rodríguez no ha prestado servicios directamente para la Corporación insular; mientras que el abogado de la Administración Autonómica, Santiago Bañolas Bolaños, manifestó que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional no tiene vinculación alguna con Gran Canaria Accesible ya que es competencia insular. "Una vez constituido el proyecto se contempla la existencia de un pleno y comisiones en los que no estuvo ni está la participación de la Comunidad Autónoma", agregó. Además, añadió que entre el personal que la Administración autonómica delegó al Cabildograncanario "no se contempla que exista el puesto laboral de Jefe de Servicio".

En las conclusiones planteadas ante el magistrado Benancio Carmelo Batista Machín, el abogado de Rodríguez, Alejandro Pérez, explicó que, al ser el consejero un trabajador del Gobierno canario delegado a prestar servicios en el nstituto de Atención Social y Sociosanitaria , tanto esta institución, como el Cabildo y el Ejecutivo son responsables solidarios.

Recordó que una sentencia anterior reconoció que Rodríguez realizó funciones que excedían a su puesto y consideró que "al no acreditarse variación alguna en las circunstancias en que el demandante desempañaba sus funciones" desde julio de 2016, fecha de presentación de la primera demanda, y febrero de 2017, día de su toma de posesión como consejero, debe estimarse la demanda.

El consejero insular de Miedio Ambiente Miguel Ángel Rodríguez puntualizó durante la mañana de ayer, a las puertas del Juzgado de lo Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que "no debería ser raro que un político defienda derechos laborales", aunque también recordó que interpuso la primera demanda cuando era trabajador del proyecto y antes de jurar su cargo en el Cabildo de Gran Canaria, hecho que se produjo en el mes de febrero del año 2017.