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Los jueces rechazan la pretensión del técnico del Cabildo de eludir la prisión

Los jueces rechazan la pretensión del técnico del Cabildo de eludir la prisión

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha denegado a Vicente Jesús Bartolomé Fuentes, exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza y técnico de gestión del Cabildo de Gran Canaria, la suspensión de las penas de prisión e inhabilitación por el caso Yate, por lo que tendrá que ingresar en la cárcel para cumplir el año de condena que le impuso ese mismo tribunal en abril de 2017 por los delitos de prevaricación urbanística (6 meses), y de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público (6 meses).

Vicente Bartolomé, cuya situación laboral en el Cabildo ha generado un enfrentamiento político entre el gobierno insular de NC-PSOE y los grupos de la oposición porque es vecino del presidente Antonio Morales y mantiene una relación con la tesorera del Ayuntamiento de Agüimes, había solicitado la suspensión del ingreso en prisión, al igual que el exalcalde de Yaiza, Francisco Reyes, pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado sus pretensiones.

El auto de denegación, contra el que podrá interponerse recurso de súplica en el plazo de tres días, establece que Vicente Bartolomé, "si bien ya no puede ejercer como Secretario municipal, pues las condenas a inhabilitación se lo impiden, continúa trabajando como funcionario, lo que conlleva que sea razonable esperar que la ejecución de la pena sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos, dado que en su condición de funcionario cometió los delitos de la presente ejecutoria, y de una condena anterior, además de una posterior, si bien ésta carente de firmeza".

La Audiencia Provincial considera que "la gravedad de la conducta de Vicente Jesús Bartolomé Fuentes es incuestionable, y así se refleja en el relato de hechos probados de la sentencia, en la que se considera acreditado que, en su condición de secretario del Ayuntamiento de Yaiza, emitió informes a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final de los decretos de concesión de licencia por el alcalde, propiciando con su actuación manifiestamente ilegal una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que se autorizaron construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que el capricho del alcalde".

"Pero además", añade el auto judicial, "su delictiva actuación como secretario del municipio de Yaiza, no se limitó a los hechos enjuiciados en la presente causa, sino que las otras dos condenas antes reseñadas, también lo fueron por hechos cometidos aprovechando su condición de funcionario de dicho municipio, habiendo causado daños irreparables al mismo."

En la decisión de los jueces también ha pesado el informe contrario de la Fiscalía, en el que recordó que "el penado, según consta en su hoja histórico penal, cuenta con una condena en sentencia firme de fecha 5 de julio de 2013 por el delito contra la ordenación del territorio-prevaricación administrativa, por hechos del año 1998, una condena en sentencia firme de 12 de febrero de 2015, por delito contra la seguridad vial, por hechos del año 2015, y la presente condena por los delitos antes señalados, y por hechos del año 2003".

Además, y según relata el Ministerio Fiscal en su informe, "ha sido condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, por un delito de prevaricación urbanística, estando pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia".

"En definitiva, esta Sala, a la vista de la gravedad de la conducta, de las condenas que pesan sobre el penado, de los procedimientos pendientes, y del riesgo de comisión de nuevos delitos, considera que ni por aplicación del artículo 80.1 del Código Penal ni por el apartado 3 del mismo precepto, contamos con ninguna circunstancia que hagan aconsejable la aplicación de tal posibilidad de suspensión", concluye el auto.

Dimisión

Dimisión

En el plano político, el grupo Popular en el Cabildo pidió ayer la dimisión de la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana, del PSOE, "por tapar los tejemanejes del presidente Antonio Morales y avalar la contratación pese a tener conocimiento de que arrastraba varias condenas por graves delitos de corrupción política".

El portavoz del PP, Felipe Afonso El Jaber, sostuvo que "es inimaginable que Morales no supiera que su vecino del alma iba a ser contratado como funcionario del Cabildo pese a sus antecedentes judiciales, pero una vez más optó por anteponer sus relaciones personales y su interés partidista al prestigio de la Institución que preside". "Quién sabe si hasta él lo animó a optar a la plaza", se preguntó.

El PP recordó que viene "advirtiendo desde hace ya tiempo, tanto al presidente Morales como a su consejera de Recursos Humanos, del amplio historial delictivo del vecino de Morales en Agüimes, que aun así fue seleccionado en el primer puesto de la lista de reserva del Cabildo en su categoría".

María Isabel Santana eludió responder a la solicitud de dimisión del PP y explicó que hoy miércoles se requerirá al trabajador que comunique su situación judicial tras este auto. Al respecto, precisó que el Cabildo no puede destituirle hasta contar con una resolución en firme de los tribunales, lo que aún no ha ocurrido.

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