Por primera vez en Canarias, un juez estima la falta de legitimidad de una entidad bancaria en el proceso de ejecución hipotecaria de una familia asociada a la Asociación de Afectados por la Hipoteca del Norte de Gran Canaria, ya que el préstamos fue traspasado a un fondo ajeno a la entidad. "Nos ha tocado la lotería", decía ayer Kiko Santana, presidente de la asociación. Y es que después de casi cuatro años de pleitos judiciales, el colectivo Ahinor-PAH ha conseguido que una familia, que prefiere mantener el anonimato, evite ser deshauciada de su vivienda por una ejecución del año 2014.

De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la excepción de falta de legitimidad de la entidad cedente del crédito hipotecario, primero Barclays Bank -sociedad absorbida- y después Caixabank -sociedad absorbente- ya que el acreedor del préstamo era un fondo de titulización. "Hemos logrado demostrar al juez que el acreedor del préstamo hipotecario no era el banco", revela Santana, lo que es un logro sin precedente en Canarias y que se ha dado pocas veces en otras partes del territorio nacional.

"Cuando un título ejecutivo ha sido titulizado, la entidad financiera que lo constituyó ante Notario, junto a la parte prestataria, deja de tener legitimidad activa para poder instar un procedimiento de ejecución en su nombre", señala Andrés Rodac, el abogado que ha gestionado el proceso judicial a la asociación en nombre de la familia afectada. "Si la sociedad gestora le ha traspasado la gestión y administración de los Activos titularizados no puede instar la demanda de ejecución en su nombre", explica.

Según Santana, cuesta mucho demostrar ante un juzgado que el acreedor del préstamos no es el banco. "Además no sólo lo decimos nosotros, lo dice el Banco de España cuando afirma que el 99% de las hipotecas están titularizadas", matiza el presidente, que ayer celebró junto a todos los asociados la sentencia que permite a esta familia mantener su vivienda en Teror. Santana lamenta que "en los juzgados los bancos no tienen que demostrar que son los titulares y son los afectados quienes tienen que buscarse la vida".

Según explica Juan Antonio Marrero, secretario de Ahinor-PAH, la asociación ha trabajado a destajo para poder localizar los escritos de la titulización. "Eugenio Ortega, José García, Juan Marrero, Raquel Martínez o Javier Samper han pasado miles de horas con los ojos puestos en listas buscando quienes son los bonistas", detalla el secretario Marrero.

Y es que esta sentencia abre las posibilidades a los afectados. "Lo primero que pedimos es que cuando una persona se vea afectada acuda a nosotros, porque en general uno se siente desamparado ante la justicia cuando está un banco detrás, cuando la ley dice claramente que la vivienda es un derecho", manifiesta Santana. En este caso, gracias a los esfuerzos del colectivo la familia mantendrá su hogar. "El fondo de titulización, al perder la figura jurídica, va a tardar años en poder demandar a la familia", señala Santana, ya que los propietarios o bonistas del préstamo de la vivienda pueden ser unas 1.200 personas.

Santana quiso agradecer al Ayuntamiento de Teror y al concejal de Vivienda Juan Gregorio Trujillo la cesión del edificio que utilizan como sede. "También quiero agradecer a las otras asociaciones que nos ayudaban desde la Península, porque con el apoyo de todos vamos logrando avanzar", sostiene. Y es que el presidente afirma que le gustaría cerrar su asociación cuanto antes. "La justicia debería hacer más por defender a los ciudadanos, que están indefensos ante los bancos, y no merecen pasar por eso cuando encima acaban de perder el trabajo", añade Santana. Por el momento, Ahinor-PAH ha conseguido dar un paso adelante en la defensa de los afectados por las hipotecas en Canarias.