Nueva Canarias, grupo mayoritario en el pacto de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, consiguió ayer el respaldo de otras fuerzas políticas para instar al Gobierno de España a que permita a la corporación insular participar en la gestión del Aeropuerto y amarrar la vigilancia de la bonificación del 75% en las tarifas de transporte de los residentes del Archipiélago. Una propuesta, la primera, que choca con los problemas que han supuesto la disolución del consorcio aeroportuario de Gran Canaria, con la salida de los ayuntamientos de Telde e Ingenio, aunque Antonio Morales, presidente cabildicio, indicó que se está rediseñando sus funciones y propósitos.

Asimismo, desde la corporación insular, se reclama al Ejecutivo nacional para que desbloquee las inversiones en el aeródromo y puerto insulares, además de que limite las restricciones que AENA impone al desarrollo de la energía eólica, el realojo de los vecinos de la urbanización de Ojos de Garza o la firma del convenio de Carreteras, entre otras peticiones. En esta última propuesta coincidió con otra similar de su socio de gobierno, el Partido Socialista.

La segunda y última jornada del Debate del estado de la Isla abordó la presentación de 64 propuestas de resolución, 24 de ellas del gobierno presidido por Antonio Morales y 40 de la oposición, de las cuales se aprobaron un total de 33, algunas por unanimidad y la mayoría con el voto del pacto. Fue una sesión esta con menos comentarios que su predecesora, aunque no faltaron los piques entre Miguel Montero y María Nebot o la ironía de Carmelo Ramírez hacia el Partido Popular cuando esta formación presentó una propuesta de resolución sobre el incremento de la calidad democrática en el Cabildo.

Nada que ver con la tensión vivida el viernes y donde la oposición logró colocar nueve de sus 40 enmiendas, dos de ellas, de Fernando Bañolas (Coalición Canaria) por unanimidad, las referidas a un plan de apoyo sociosanitario para la Isla y a los abusos en los centros de menores. Menos suerte tuvieron las presentadas por el Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Podemos, quienes también vieron respaldas algunas suyas.

Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias, llevó al Debate del estado de la Isla varias peticiones que tienen como destinatario al Gobierno de España y como beneficiario al aeropuerto de Gando, su entorno -vecinos y planes de desarrollo-, además de garantizar que lo conseguido en Madrid con el descuento para viajes de los residentes del Archipiélago no se quede, por mucho REF que lo ampare, en una conquista vacua por las estrategias comerciales que realicen las compañías aéreas.

Así, y con un amplio apoyo, las propuestas contemplan que el Estado desbloquee las inversiones necesarias para el Puerto de La Luz y Las Palmas, el convenio de Carreteras o la rehabilitación turística, las infraestructuras hidráulicas y aeroportuarias y el realojo de los vecinos afectados por la construcción de otra pista en el aeródromo, todo con partidas económicas.

Ramírez propuso al Cabildo que inste al Ejecutivo nacional a la creación de un ente público de las mismas características que el de la Autoridad Portuaria, donde tenga c abida la corporación en la gestión aeroportuaria, no solo en el de Gran Canaria, sino en los de todas la Islas. Un organismo público singular para Canarias donde todos los cabildos tengan representación y de paso, facilitar la inclusión de un representante de cada una de las entidades insulares en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias.

Si interesa al Cabildo sentarse en la mesa de decisiones con los gobiernos nacional y regional, no menos le importa que la conquista del descuento del 75% obtenido, junto a otros acuerdos sea real y no se convierta en víctima de las triquiñuelas de las líneas aéreas. Así, Nueva Canarias pide que se solicite "al Gobierno de España que a través de las autoridades competentes en materia de competencia vele para que las compañía prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión qu incrementen precios, una vez conseguido que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, con anclaje para siempre enen Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) del incremento al 75% del porcentaje de bonificación para las personas residentes en Canarias en las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo y en el transporte marítimo con el resto del territorio español".

Así, la propuesta defendida por Ramírez solicita a la corporación insular que "inste al Gobierno de España para que pueda fijar precios máximos de referencia a aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen".

Sin salir del entorno aeroportuario, Nueva Canarias también quiere llevar al Estado sus quejas a las trabas que asegura pone AENA, el ente público de Aeropuertos del Estado y Navegación Aérea. En su propuesta de resolución, el portavoz de los nacionalistas reclama que el Gobierno ponga fin a las trabas del ente "a la implantación de la energía eólica como parte de las política estratégica de desarrollo presente y futuro de nuestra isla".

Por último, también solicita que la financiación y las inversiones del Estado se sitúen en Canarias en, "al m enos, la media del conjunto de las comunidades autónomas españolas", se indica en la propuesta de resolución. Además, fuera del ámbito de transporte, los nacionalistas piden a los gobiernos regional y nacional que no se introduzca el gas ciudad por ser un retroceso frente a las renovables.

El Partido Socialista, su socio de gobierno junto a los dos consejeros no adscritos, también reclamó en sus propuestas de resolución que Madrid firme con carácter inmediato el convenio de Carreteras Canarias-Estado al no ser necesario que estén aprobados los presupuestos generales. Elena Máñez, portavoz socialista por la ausencia de Ángel Víctor Torres, recordó que el Cabildo presentó el 12 de febrero de 2016 la relación de proyectos de carreteras de Gran Canaria, ya redactados y con su documentación técnica.

Asimismo, los socialistas plantean en una de sus propuestas que se inste al Gobierno de Canarias para que con la máxima urgencia posible se realicen los trámites necesarios "para poder licitar cuanto antes el soterramiento de la Avenida Marítima (GC-1) a la altura del istmo por ser una obra de capital importancia para las conexiones viarias con el norte y el sur de la isla de Gran Canaria".

La primera de las propuestas solo contó con el apoyo del grupo de gobierno, mientras que la segunda sí obtuvo mayor respaldo.