El Tribunal Supremo (TS) tumba definitivamente el plan que permitía construir el Siam Park en Playa del Inglés. El Alto Tribunal ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 16 de diciembre de 2020 que anuló el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) en el ámbito de El Veril aprobado por el Gobierno de Canarias en 2015 por carecer del informe sobre la disponibilidad de los recursos hídricos para abastecer a las instalaciones del parque acuático promovido por la empresa Loro Parque S.A., propiedad de la familia Kiessling. En esta sentencia, contra la que no cabe recurso, el Supremo ha optado por anular la totalidad del PMM y no por una anulación parcial que permitiera subsanar los errores de forma con la aportación del informe necesario. Ahora, se queda bloqueada una inversión de 100 millones de euros que contemplaba, además del parque, un hotel y un centro comercial, a la espera de que, si la promotora decide seguir adelante con el proyecto, el Ejecutivo regional inicie un nuevo PMM o en su caso el Cabildo de Gran Canaria declare el proyecto de interés insular. El Siam Park estaba destinado a crear unos 200 puestos de trabajo directos y preveía la visita de unos 500.000 turistas cada año.
En un sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo fechada el pasado 16 de junio y hecha pública este jueves, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo de Gran Canaria y la Comunidad Autónoma de Canarias en los que argumentaban las Administraciones que la existencia de una concesión administrativa sobre el dominio público hidráulico del barranco de El Veril ya llevaba implícita la certificación de la disponibilidad de esos recursos hídricos, además de que el Consejo Insular de Aguas (CIA)de Gran Canaria había acreditado en un informe verbal la existencia del agua necesaria para el funcionamiento del parque.
No obstante, sostiene el Tribunal Supremo, «no hay la más mínima prueba de que con ocasión de la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de la concesión se acreditase la disponibilidad y suficiencia de recursos hídricos, cuando es lo cierto que de haberse acreditado dicha disponibilidad fácil habría sido aportarla a este proceso, sin que deba desconocerse que esa facilidad de la prueba constituye un elemento de valoración».
Contradicciones
Por otro lado, el Alto Tribunal también echa por tierra el argumento con el que los recurrentes sostenían que el informe de recursos hídricos por parte del Consejo Insular de Aguas era innecesario porque este organismo había estado representado en la aprobación del PMM y porque en las determinaciones del Plan General de San Bartolomé de Tirajana el PMM no requería dicho informe por estar recogido en el mismo plan y en la planificación hidráulica de Gran Canaria el suministro de agua. «No se pueden compartir esos argumentos que, ya de principio, contradicen el argumento de que el informe fue emitido o que se había acreditado en el procedimiento de la concesión», señala el Supremo en su sentencia.
Sobre el informe verbal que, según el recurso del Consejo Insular de Aguas, acredita la existencia de recursos hídricos, el tribunal considera «atípica» la forma de emitir este informe, lo que hace más compleja su acreditación. «En este caso ninguna constancia hay en las actuaciones de que ese pretendido informe oral atendiera a las exigencias que se imponen en los preceptos a que se viene haciendo referencia», recoge el documento «incluso sería de añadir el hecho de que, si se trata de un informe, no puede limitarse el trámite a una mera declaración de quien en los concretos actos interviniera en nombre del Consejo, sino un examen detallado y justificado de las conclusiones objeto del informe, es decir, sobre la existencia y disponibilidad de recurso hídricos, lo cual ni consta ni es previsible».
La sentencia señala que no hay pruebas de que se acreditase la disponibilidad de recursos hídricos
En la sentencia, el Supremo rechaza también que se pretenda argumentar la innecesariedad del informe de recursos hídricos porque el Plan Hidrológico ya establece que las urbanizaciones e instalaciones turísticas situadas en la superficie bajo la cota 300 están obligadas a suministrarse de agua salada de mar. «Esa mera posibilidad de que tales instalaciones puedan y deban abastecerse de agua desalada no comporta la existencia de agua ni su disponibilidad», señala, «si, como se aduce por las Administraciones recurrentes, ya el mismo planeamiento general y el Plan Hidrológico Insular preveían el abastecimiento de los nuevos desarrollos urbanos con el agua procedente de la desalación, esa mera previsión general no podía excluir, sino todo lo contrario, la emisión del informe de la Administración hidráulica con el fin de constatar dicha existencia y disponibilidad de los recursos específicamente existentes».
El Supremo ha dictado esta sentencia apenas 10 días después de que concluyese el período de exposición pública del proyecto de urbanización de la parcela, que el Ayuntamiento aprobó a finales de marzo y que ahora decae. Tras conocer esta resolución, el concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, confesó que el fallo del tribunal es «un palo, sin duda, porque solo es consecuencia de un defecto de forma». «Todo lo que hicimos fue conforme a la ley y era una obligación por nuestra parte, pues mientras no hubiese una sentencia debíamos seguir actuando y caminando en el procedimiento». Henríquez sostuvo que el Consistorio seguirá apostando por el proyecto y, entre las posibilidades, está impulsar un nuevo PMM. «El trabajo realizado no caerá en saco roto, ya que la estructura del plan de modernización agilizará la realización y ejecución de un nuevo documento que cumplirá con todas las garantías jurídicas para su aprobación».
Por su parte, la alcaldesa Conchi Narváez, sostuvo que este proyecto sigue siendo «una prioridad» para su grupo de gobierno y por eso, a pesar de que sabían que existía la posibilidad de que el PMM fuese anulado por el Supremo, continuaron avanzando en el expediente. Ahora, añadió, «toca seguir avanzando para que el parque acuático sea una realidad» y para eso las opciones que se plantean son la creación de un nuevo PMM o la declaración del proyecto de interés insular por parte del Cabildo de Gran Canaria, tal y como se establece en el artículo 123 y sucesivos de la ley del suelo y los espacios naturales de Canarias.
Ayuntamiento y Corporación optarán por impulsar otro PMM o declarar el interés insular
Las mismas alternativas puso sobre la mesa el Cabildo de Gran Canaria. En un comunicado, la corporación insular sostuvo que respeta las decisiones judiciales pero aclaró que no comparte el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo ya que las tres administraciones intervinientes y recurrentes estimaron la documentación aportada como «adecuada y suficiente». Por este motivo, consideró «excesiva» la nulidad de la totalidad del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad.
Para la Institución insular, el Siam Park tiene una enorme trascendencia para la zona turística del sur de la isla, al dotar a este espacio de un equipamiento de ocio de gran atractivo internacional, que cubre las demandas de la población visitante de un perfil amplio, para todas las edades, aprovechando un espacio donde se localizaban equipamientos de ocio abandonados y terrenos improductivos»
En la nota, el Cabildo señala al Consejo de Gobierno presidido en 2015 por José Miguel Bravo de Laguna. «El informe del Consejo Insular de Aguas, que según la sentencia no acredita adecuadamente la existencia de los recursos hídricos necesarios para el proyecto, es del 8 de mayo de 2015, anterior a la llegada de la actual Corporación, documento que fue asumido por el Gobierno de Canarias que lo incorporó al Plan de Modernización».
Desde la oposición en el Ayuntamiento, el portavoz de CC, Alejandro Marichal, lamentó que el proyecto tenga que volver «a la casilla de salida» y acusó a PSOEy NC de utilizar el proyecto «con fines electoralistas». «Vendieron a bombo y platillo el proyecto como si fuera un hecho inminente y la triste realidad es que se tendrá que volver a tramitar un nuevo PMM», añadió, al tiempo que animó al promotor a «continuar luchando» por el proyecto.
El PMM se ha anulado ahora por completo, un año y medio después de que se dictaminase su nulidad en el TSJC, en diciembre de 2020. Ya por entonces, expertos como José M. Sanabria Díaz, abogado y doctor en Economía, Turismo y Gestión de la ULPGC, advertían que la mejor opción era iniciar un nuevo PMM en vez de optar por la vía de los recursos de casación, pues acabarían siendo desestimados y solamente dilatarían el procedimiento en el tiempo.
Para la familia Kiessling, según explican fuentes conocedoras de este caso, no procede ahora indemnización alguna porque hasta ahora ninguna Administración había otorgado licencias de obras y porque el PMM fue financiado por la propia empresa promotora.
