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EFE El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha decidido mantener el tercer grado de prisión al político lanzaroteño Dimas Martín concedido por Instituciones Penitenciarias, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Dimas Martín disfruta del tercer grado penitenciario desde octubre de 2007, pero su concesión fue recurrida por el Ministerio Fiscal.
En respuesta a ese recurso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido ahora desestimar la petición y mantener el tercer grado a Dimas Martín.
En su resolución el Juzgado destaca "la extraordinaria actitud del penado, quien, pese a que en sus condiciones podría haber adoptado un comportamiento meramente pasivo dejando pasar el tiempo de la condena, sin embargo, desde un primer momento, participó activa y destacadamente en las actividades del centro ayudando a sus compañeros y desarrollando distintas actividades ocupacionales, laborales y formativas".
A ello se une su disposición a hacer frente a su responsabilidad civil y a que los otros delitos que en su momento cometió no tuvieron lugar cuando con anterioridad disfrutó del régimen tercer grado.
Por ello, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria considera que "la muy positiva trayectoria del interno ha de verse recompensada con la concesión de un más amplio grado de confianza".
Dimas Martín ingresó en el Centro Penitenciario de Tahíche el 23 de diciembre de 2006 para cumplir una condena de ocho años por delitos de malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise en los años 90.
Martín, que fue presidente del Cabildo de Lanzarote, alcalde de Teguise, parlamentario regional y senador por la isla, fue condenado también a una pena de inhabilitación absoluta durante quince años.
Dimas Martín ha ingresado en el Centro Penitenciario de Tahíche en otras tres ocasiones, además del ingreso que motivó esta última condena.
En la primera ocasión que fue a la cárcel, en 1979, lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.
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