GREGORIO CABRERA
Coalición Canaria (CC) aseguró ayer que los servicios jurídicos del partido en Lanzarote sostienen que "sí que existen vías para recurrir la sentencia" de la Audiencia Provincial que obliga a Inalsa (Insular de Aguas de Lanzarote SA, propiedad del Cabildo y los siete ayuntamientos) a pagar 13 millones de euros a la UTE Edam Janubio por el incumplimiento del contrato para construir una desaladora en la costa de Yaiza.
Los nacionalistas, en un comunicado difundido ayer, instan al grupo de gobierno en el Cabildo, integrado por consejeros de PSOE y PIL y presidido por la socialista Manuela Armas, a "emprender de inmediato" acciones legales para defender los intereses insulares. Tanto el vicepresidente de CC, Mario Pérez, como la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, han subrayado en declaraciones a este periódico que el contrato era nulo de pleno derecho pues el inicio de las obras requería, entre otra serie de requisitos, de la modificación del Plan Insular, circunstancia que nunca se produjo.