Empresarios turísticos y promotores denuncian inseguridad jurídica y hostigamiento de las instituciones en Lanzarote

LA PROVINCIA / DLP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Un grupo de empresarios turísticos, promotores inmobiliarios y sociedades radicadas en Lanzarote lanzaron ayer un comunicado conjunto en el que denuncian la "inseguridad jurídica", la aplicación de criterios arbitrarios en la denuncia de ilegalidades por parte del Cabildo insular y "el hostigamiento" del que dicen ser víctimas por parte de las instituciones. Importantes hombres de empresa lanzaroteños que hasta ahora han permanecido en silencio firman este posicionamiento común, entre ellos Juan Francisco Rosa, propietario del hotel Princesa Yaiza y del Puerto Marina Rubicón.

Los firmantes, muchos de ellos con proyectos impugnados por el Cabildo, subrayan que no persiguen "una amnistía general, sino unas reglas claras e iguales para todos. Si las licencias adolecen de un problema formal que afecta a cientos de establecimientos, que se derriben todos o que se legalicen todos subsanando sus defectos, pero lo que no es admisible es que el Cabildo legalice de facto a algunos, no recurriendo las licencias o retirando los procedimientos ya iniciados sin contrapartida alguna, mientras que amenaza a otros de derribo a menos que paguen".

De esta forma, protestan específicamente por el hecho de que, ante irregularidades análogas, el Cabildo haya denunciado determinados proyectos y otros no, actuando "de forma arbitraria". Los "grandes perjudicados somos los empresarios, que vivimos en una tremenda incertidumbre bajo la amenaza del derribo de nuestros hoteles y promociones, o de exigirnos compensaciones a cambio de legalizar lo existente. Estas compensaciones no tienen precedente y surgen como una suerte de impuesto para salvar la cara de una clase política que no sabe salir del embrollo".

Subrayan también que la doble moral del Cabildo queda igualmente de manifiesto por el hecho de que sus propios centros turísticos carezcan de licencia, mientras los empresarios son "perseguidos y sancionados por falta de permisos que sin embargo las Administraciones públicas no se molestan en obtener".