Marea de problemas

GREGORIO CABRERA - ARRECIFE Recientemente, el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Fabián Martín, paseó por Lanzarote a una delegación política de Agadir (Marruecos). Los visitantes se interesaron, entre otros aspectos, por el funcionamiento de Inalsa. Más les vale que tiren las notas que tomaron a la basura y que borren de su mente todo lo que escucharon. La empresa pública de producción de agua no es precisamente un ejemplo a seguir. A los 13 millones de euros que tendrá que pagar a la Unión Temporal de Empresas Edam Janubio por el incumplimiento de contrato para la construcción de una desaladora en el Sur se le suman los más de diez millones de deuda que acumula con Unelco-Endesa. Según Mario Pérez, vicepresidente de CC en Lanzarote y ex consejero delegado de Inalsa, los trece millones son tan sólo "una cuarta parte" de lo que se debe.

Los juzgados ya han comenzado a embargar fincas y cuentas y el futuro está lleno de incógnitas. A Miguel Figueras, representante del comité de empresa por Intersindical Canaria (IC) no le extrañaría en absoluto que Inalsa acabara en un proceso concursal y administrada judicialmente. "Y hay que tener en cuenta que Inalsa, al fin y al cabo, es un papelito, porque los propietarios son el Cabildo y los siete ayuntamientos, contra los que también se podría ir", advierte. Desde su punto de vista, el problema de Inalsa no es de modelo, sino de seriedad en la gestión. "Antiguamente, cuando había un interventor del Cabildo todo iba perfectamente", recuerda.

Por su parte, Mario Pérez, sobre el que el portavoz del PIL, Manuel Cabrera, cargó las culpas por haber rescindido el contrato en 2004, precisó ayer que la obra, aprobada por socialistas e insularistas, contaba con un amplio rechazo político, social y sindical que incluso desembocó en una manifestación. Precisó también que el actual grupo de gobierno ha suscrito en todo momento la estrategia, basada en la nulidad del contrato, y que, en cualquier caso, todas las decisiones en su etapa de consejero de Inalsa contaron siempre con el beneplácito del consejo de administración. Precisa que el fallo todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional y subraya que las obras eran ilegales.