El agua no es transparente

Quizás nadie suelte una lágrima por Inalsa, pero la gestión política de la empresa insular de aguas desde su creación, en 1989, es un verdadero torrente de despropósitos, tanto que casi dan ganas de llorar. A día de hoy, la intervención judicial del monopolio puede estar a la vuelta de la esquina.

GREGORIO CABRERA Insular de Aguas de Lanzarote SA. De ahí nacen las siglas de Inalsa. Los políticos de todo color aluden con frecuencia, y de manera pomposa, a la necesidad de mantener el carácter público de la empresa, propiedad del Cabildo y los ayuntamientos. Sin embargo, los ciudadanos saben tanto de las interioridades de una entidad que en principio les pertenece como de lo que ocurre en el seno de la General Motors, por citar un ejemplo al azar. La transparencia nunca ha sido marca de la casa y menos ahora, cuando las deudas abocan a adoptar medidas drásticas. La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha convocado para el próximo viernes una reunión del consejo de administración cuyo segundo orden del día es la aprobación de una propuesta para acudir a un concurso voluntario de acreedores, que en la práctica supone dejar la gestión en manos de una autoridad judicial. La sesión de esta tan cacareada empresa pública se hará, como siempre, a puerta cerrada, como la de cualquier entidad privada.



La presidenta del Cabildo, socialista, ha esquivado en los últimos días hacer declaraciones sobre la situación. Ayer, el portavoz del PIL, Manuel Cabrera, se limitó a decir que "no hay comentarios". La empresa pública Inalsa, la empresa que nació en 1989 para ser orgullo de todos los lanzaroteños y que hoy, veinte años después, va camino de un posible proceso concursal... El telón de fondo es la tensión que se ha desatado en el pacto que mantienen ambos partidos debido a que defienden posturas divergentes sobre las soluciones, hasta el punto de que en ocasiones este juego de la sillita político ha dejado en segundo plano el verdadero problema: el futuro del agua en Lanzarote.



El PSOE se mantiene firme en su postura de apostar por la intervención judicial, mientras que el PIL prefiere alcanzar acuerdos con los acreedores. La gota que ha colmado el vaso fue la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a pagar doce millones de euros a la UTE Edam Janubio por el incumplimiento del contrato para construir una desaladora en el sur de la Isla. Además, pesan demasiado las deudas con Unelco-Endesa y con Aguas Filtradas, que se encarga del mantenimiento y las averías de la red. Fuentes consultadas por este diario apuntan a que los socialistas están dispuestos a aguardar hasta el jueves para ver si sus socios son capaces de poner una alternativa viable sobre la mesa. Llegado el caso, habrá que ver si no se repite la jugada del pasado viernes, que impidió celebrar el consejo de administración porque no se pudo notificar a los cargos del PIL. Mario Pérez, vicepresidente de CC, respaldó ayer la intervención, mientras que Ástrid Pérez, presidenta del PP, reclamó celebrar un pleno extraordinario para conocer los datos, aunque en el fondo piensa que la única vía posible es el concurso.



En marzo una delegación marroquí visitó la Isla. El Cabildo, entre otros aspectos, les explicó el funcionamiento de Inalsa. Mejor que borren las notas.