La detención de tres empresarios eleva a 20 el número de presuntos implicados

GREGORIO CABRERA El balance de detenidos dentro de la operación Unión contra el cobro de comisiones ilegales y la corrupción urbanística en Lanzarote ha alcanzado números redondos. Varias fuentes confirmaron ayer la detención de dos empresarios de la construcción a última hora del viernes. Según una información de Efe, su arresto podría estar relacionado con el presunto pago de dinero para la contratación de obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife. Se trata de Jesús Manuel Martín Brito y de Manuel Reina Fabre, que también tiene negocios en Gran Canaria y que fue sorprendido en el aeropuerto de Guacimeta procedente de la terminal aérea de Gando. Además, se ha constatado la detención el pasado jueves de un empresario y vocal de la Cámara de Comercio (el tercero en ser arrestado), Eugenio Romero Betancort. Con esto, la cifra de arrestos desde el pasado lunes se eleva a un total de veinte.

La maratoniana sesión de interrogatorios en la madrugada del viernes llevada a cabo por el juez César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, sirvió para engordar la lista de detenidos enviados a prisión, hasta ayer sólo integrada por el empresario Segundo Rodríguez. Se ha verificado oficialmente el encarcelamiento comunicado y sin fianza para el ex concejal del Plan General, Ubaldo Becerra (PIL); el ex edil de Urbanismo, José Miguel Rodríguez; y la mano derecha de Dimas Martín y presunto cobrador de una comisión de 100.000 euros, Matías Curbelo. El líder del PIL, que ayer a primera hora de la tarde prestó declaración, fue reenviado a la cárcel de Tahíche, esta vez imputado de cohecho y tráfico de influencias. Actualmente cumple una pena de ocho años por diversos delitos económicos cometidos en la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise.

Además, fuentes del entorno de estas dos personas aseguran que se ha procedido a liberar al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes (imputado por un delito de cohecho), y al abogado y empresario Honorio Nicolás García- Bravo. Oficialmente se desconoce si sobre este último pesan cargos.