Prisión por cohecho para el concejal Ubaldo Becerra y para Matías Curbelo, mano derecha de Dimas

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ - ARRECIFE. El juez César Romero Pamparacuatro, tras una maratoniana jornada de interrogatorios, decretó a las 2.00 horas de esta madrugada prisión comunicada y sin fianza por cohecho para Ubaldo Becerra, concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y ex responsable del Plan General de Arrecife, y para Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo y mano derecha del líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Con estos dos envíos a prisión, ya son tres los imputados de la Operación Unión que están en prisión. El primero en ingresar en el penal de Tahíche fue el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez.

Horas antes, también había liberado sin fianza y con el cargo de cohecho al empleado del Cabildo Alfredo Santiago Rodríguez.

La Operación Unión contra la corrupción urbanística en Lanzarote puesta en marcha por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, se caracterizó ayer por los maratonianos interrogatorios a dos de los principales detenidos por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De madrugada, el juez Romero seguía tomando declaración al otro concejal del PIL detenido, José Miguel Rodríguez, ex responsable de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife.

Asimismo, el juez ha informado que tomará declaración a Dimas Martín Martín en la mañana de hoy, día 30 de mayo, festividad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El juez está convencido de que las declaraciones del ex concejal del Plan General del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, como del ex edil de Urbanismo y Hacienda, José Miguel Rodríguez, son fundamentales para el esclarecimiento de esta trama dedicada, presuntamente, al cobro de comisiones ilegales.

La jornada de ayer fue particularmente dura para esos dos destacados miembros del PIL y que los indicios vinculan a una supuesta red corrupta de urbanismo. Pasada la medianoche, los despachos del juzgado número 5 seguían con su actividad, tal y como ocurrió la noche y madrugada anteriores.

No obstante, alrededor de las once de la noche del jueves el juez ordenaba la puesta en libertad del trabajador del Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Alfredo Santiago Rodríguez, acusado de un delito de cohecho, al igual que viene sucediendo con la casi totalidad de los detenidos en la operación.

Rodríguez es persona de confianza de Dimas Martín y Matías Curbelo. Los tres forman parte de los once detenidos el pasado lunes en el caso Unión.

Rodríguez se tendrá que presentar en el juzgado el día uno y quince de cada mes. Previamente, habían quedado en libertad y con cargos la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín (no se han precisado los delitos que se le imputan); la empresaria María José García Acosta (cohecho y tráfico de influencias); el presidente de los jóvenes del PIL, Dayrán Muñoz (cohecho); el empresario Jorge Ramón Álvarez (cohecho); y el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha (acusado de revelar información privilegiada a la que ha tenido acceso por razón de su cargo.

A lo largo del día también pasó por el Palacio de Justicia de Arrecife el joven empresario y abogado, Honorio Nicolás García-Bravo, que sobre las seis de la tarde salía de los juzgados en un vehículo acompañado de varios efectivos del cuerpo de la Guardia Civil.

Por otro lado, el portavoz de la Asociación de Consumidores de Lanzarote (Aculanza), Ricardo Toribio, prestó declaración, de forma voluntaria este viernes en relación a uno de los detenidos en la supuesta trama de corrupción.

También hay que destacar que el empresario y abogado Luis Fernando Lleó Khünel, detenido el pasado jueves en Reus (Tarragona), fue trasladado ayer hasta Lanzarote.

Es intención del titular del juzgado número 5 concluir este fin de semana con la toma de declaración a los detenidos a comienzos de esta semana, entre ellos al líder del PIL, Dimas Martín, que cumple condena en la prisión de Tahíche por el caso del Complejo Agroindustrial de Tahíche.

Familiares y allegados de los ediles capitalinos Ubaldo Becerra (su hermano Fernando Becerra está privado de libertad desde el jueves) y José Miguel Rodríguez ha acudido en varias ocasiones al Palacio de Justicia para tratar de recibir de primera mano noticias acerca de los implicados. Por la noche se pudo ver también al edil del PIL Antonio Machín, ex responsable de las áreas de Limpieza y Parques y Jardines, esperando noticias de sus compañeros.