La trama que conmocionó Lanzarote

D. RIVERO La última semana del mes de mayo de 2009 se recordará como la que provocó el mayor terremoto político, social y económico de Lanzarote. La operación Unión que lanzó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la coordinación del magistrado titular del Juzgado número 5 de Arrecife contra la corrupción urbanística en la Isla ha desmantelado una auténtica trama de presuntas comisiones ilegales que afecta a políticos y empresarios. Una intervención que con toda seguridad descubrirá nuevas implicaciones.



En apenas siete días se han detenido a 20 personas, de las que cinco están en prisión sin fianza con cargos que van desde el cohecho al tráfico de influencias. Una trama que presuntamente dirigía el líder del PIL, Dimas Martín, con el agravante de que en la actualidad se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 8 años de cárcel por malversación de fondos públicos en el transcurso de su etapa como responsable del Complejo Agroindustrial de Teguise.



La primera fase de la operación Unión se iniciaba en la mañana del pasado lunes cuando cerca de 50 guardias civiles venidos expresamente desde Madrid tomaban y sellaban el Ayuntamiento de Arrecife. Era el inicio de la mayor operación contra la corrupción que se ha llevado a cabo en Canarias.



Los acontecimientos se desencadenaron a raíz de la detención del asesor del Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Matías Curbelo, cuando supuestamente iba a recibir un sobre con 100.000 euros fruto de una presunta comisión ilegal. Desde ese instante se iniciaban los registros no sólo en el Ayuntamiento capitalino, sino en todas y cada una de las oficinas y viviendas de los detenidos en la primera fase de la intervención judicial y policial.



Fuentes de la investigación alertaban ya de la magnitud de esta operación por el número de personas implicadas. El segundo golpe de efecto se produjo el jueves cuando agentes de la Guardia Civil intervenían también el Ayuntamiento de Yaiza. Al igual que en Arrecife, el edificio consistorial se cerraba a cal y canto y se registraban principalmente las dependencias relacionadas con la oficina técnica.



Y es aquí donde aparece el nombre del abogado y promotor Luis Lleó, que fue arrestado en Tarragona. Según la UCO, el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales a un consejero del Cabildo y a varios vocales de la Cámara de Comercio a cambio de adoptar decisiones en beneficio de sus intereses económicos. También se investiga si ha podido influir sobre varios cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza para sus proyectos.



En los registros se han incautado ordenadores y documentos que están siendo analizados y que posiblemente han servido para la detención de algunos de los otros implicados. Una actuación policial que se ha llevado con el mayor de los sigilos. Pero la 'punta del iceberg' no ha hecho nada más que emerger.