Dimas Martín ordenaba desde la cárcel adjudicar obras y agilizar pagos

PEDRO GUERRA | ENVIADO ESPECIAL
ARRECIFE
Dimas Martín ordenaba desde la prisión de Tahíche adjudicar obras y agilizar o retrasar pagos a empresarios en el Ayuntamiento de Arrecife en función del abono de presuntas comisiones ilegales para su partido. El histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de ocho años de cárcel por malversación por la gestión irregular de 12 millones de euros del Complejo Agroindustrial de Teguise, no era un preso cualquiera. A pesar de no ostentar cargo público alguno puesto que está inhabilitado por condena, ejercía un control total y absoluto sobre algunas áreas de gestión institucional controladas por el PIL, varias de ellas en el Ayuntamiento de Arrecife, según se desprende de la investigación de la operación Unión, que rastrea una presunta trama de corrupción política que ha puesto patas arriba a Lanzarote.

Desde su celda de la cárcel, aprovechando también los permisos penitenciarios que tenía otorgados por el tercer grado del que disfrutaba hasta hace poco más de un mes, Dimas Martín ordenaba, al menos a dos concejales del PIL en Arrecife, que se adjudicaran obras a empresarios y se agilizaran o retrasaran pagos en función de que éstos accedieran al abono de una comisión ilegal del 10% del montante adjudicado, según revelan las escuchas telefónicas realizadas al amparo de la operación Unión.

A resultas de estos datos, los investigadores creen que Dimas Martín negociaba directamente con empresarios el pago de presuntos sobornos y luego daba instrucciones de lo que tenían que hacer a Ubaldo Becerra, teniente de alcalde de Arrecife, y fundamentalmente a José Miguel Rodríguez Sánchez, concejal de Hacienda y Urbanismo, ambos del PIL. Rodríguez era el encargado, presuntamente, de abonar o retrasar pagos a empresarios que habían finalizado obras públicas contratadas por el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, en función de que los hubieran pagado o no una comisión que en la mayoría de los casos era del 10%. "Ésa es la norma aquí, pagar el 10% para el partido", decía Dimas Martín a los empresarios a la hora de adjudicar una obra, en la mayoría de los casos por cuantías que no superaban los cien mil euros.

Con el dinero recaudado de las comisiones, los imputados sufragaban todo tipo de gastos de su partido (locales, campañas, gastos corrientes, etcétera) y luego supuestamente repartían una parte para beneficio propio. Dimas Martín, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez se encuentran en prisión provisional por estos hechos, imputados por un presunto delito de cohecho.

En ocasiones, los empresarios se encontraban con la sorpresa de que tenían que abonar una dádiva del 10% cuando la obra estaba acabada y sólo pendiente de cobro, después de un proceso de adjudicación aparentemente normal. La Concejalía de Hacienda era la encargada de abonar las obras, pero al parecer seguía las instrucciones dadas por Dimas Martín desde prisión.