La Justicia anula la licencia a un complejo turístico de 48 bungalows en Playa Blanca

El Cabildo de Lanzarote denunció al considerar que el permiso del Ayuntamiento de Yaiza había vulnerado la ordenación insular

 

GREGORIO CABRERA Suma y sigue. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la licencia que permitió la construcción de un complejo turístico de 48 bungalós en el Plan Parcial Las Coloradas de Playa Blanca (Yaiza). El fallo es recurrible en apelación. La construcción es en la práctica un aledaño del hotel Gran Castillo, también ilegalizado por los tribunales a instancias de la corporación insular, que ya acumula con ésta 23 sentencias a su favor que anulan otros tantos proyectos, lo que ha supuesto la ilegalización de 10.000 camas, en su mayor parte ya edificadas.


El TSJC echa por tierra la licencia concedida en mayo de 1999 por silencio administrativo y la posterior prórroga de abril de 2003. En ambos casos era alcalde el nacionalista José Francisco Reyes, ahora concejal de la oposición. Al abordar el fondo del asunto, la sentencia expone que "el Ayuntamiento de Yaiza [...] debió pedir informe del Cabildo antes de la concesión de la licencia, lo que permite concluir que se omitió el trámite preceptivo, exigido por una determinación vinculante del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) vigente cuando se otorgó, y por ello incurrió en una irregularidad invalidante".


En este mismo sentido, el fallo concreta que el informe del PIOT "se exige en tanto no se adapte el planeamiento municipal y parcial. Es decir", agrega, "es difícil encontrar un supuesto más claro de aplicación de la determinación y de la necesidad de informe, pues estamos ante un planeamiento anterior y no adaptado al PIOT". Añade que "desde luego, no es el Ayuntamiento el que debe decidir si es o no necesario un informe de otra administración, sino que lo que debe hacer es, simple y llanamente, cumplir con la legalidad vigente y solicitar dicho informe".


Se recalca también que el informe del Cabildo "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unido al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular, jerárquicamente superior a los instrumentos de planeamientos municipales".


Resueltos de manera favorable a las tesis de la corporación insular los 23 primeros recursos de nulidad de licencias urbanísticas turísticas, quedan pendientes de resolución otros cuatro. Según explicaron ayer fuentes del Cabildo, restan otros cuatro, de los cuales tres de ellos están vistos para sentencia por parte del TSJC.

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