LANZAROTE: PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE

Tres frenéticas semanas y Lanzarote patas arriba. El desembarco de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el trabajo silencioso de la Fiscalía de Medio Ambiente y la coordinación del juez Romero Pamparacuatro han servido para que en la isla conejera se viva en estos momentos con el miedo metido en el cuerpo. "Aquí, quien más quien menos, tiene algo que esconder", cuenta un modesto empresario del Sur que, el día en que estalló la operación Unión, cogió su coche y se colocó a las puertas del Ayuntamiento de Arrecife para ver si estaban todos los que son: "Y faltan muchos, se lo aseguro, porque esto es un pueblo chico, pero un infierno grande".

Lanzarote es en estos momentos una isla que linda al norte con la desesperanza y al sur con la corrupción. Bajo la batuta del histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, la isla ha permanecido en una parálisis irreversible cuyas consecuencias se acentúan con la crisis, más si tenemos en cuenta que Lanzarote vive del turismo.

Dimas Martín encarna el modus operandi conejero. Un hombre que, mientras está en prisión cumpliendo una condena de ocho años por corrupción, es capaz de dirigir desde su celda una trama que cobraba y pretendía cobrar a los empresarios comisiones del diez por ciento a cambio de algún contrato público en las instituciones en las que su partido tenía cuota de poder: "Ésa es la norma aquí, pagar el diez por ciento para el partido", decía Dimas a los empresarios con aspiraciones de contratos públicos para solventar la crisis. Y lo decía sin recato durante los permisos que le permitía el tercer grado.

Muchos empresarios pasaron por el aro del cohecho (presunto). Algunos porque no les quedó más remedio; otros porque era la manera más fácil de acceder a las obras de la Administración.

En el primer grupo podría estar, por ejemplo, Manuel Reina Fabre, propietario de una pequeña empresa de construcción que había sido adjudicataria de dos obras con el Ayuntamiento de Arrecife por un montante de unos setenta mil euros. Una vez finalizadas las obras, se dirigió al consistorio para cobrar y se encontró con la frase que más se repite en las conversaciones telefónicas grabadas por la UCO: "Tienes que dar el diez por ciento para el partido, ésa es la norma aquí". Después de intentar por todos los medios el cobro, cedió la comisión y, además de perder una parte del dinero que ya le pertenecía, ahora pesa sobre sus espaldas el cargo de cohecho que le imputa el juez Romero Pamparacuatro.

En el segundo grupo, los que pactaban comisiones antes de la adjudicación para garantizarse la obra pública, se podrían situar empresarios como Jesús Martín o Fermín Curbelo, que según se desprende de las escuchas telefónicas recabadas a lo largo de un año de trabajo pagaron en varios ocasiones comisiones ilegales al PIL. El primero de ellos tiene un negocio de fontanería y se le habían adjudicado numerosas obras de reforma en los centros socioculturales de Arrecife; el segundo es un policía local de Tinajo metido a empresario de la construcción, que también pagaba comisiones a cambio de adjudicaciones a dedo. Algunos, incluso, han colaborado con la investigación, lo que no les priva de la imputación por cohecho.

También había algunos empresarios que, a pesar de que no habían desembolsado un euro en comisiones ilegales, sí que lo habían pactado y prometido, como María José García Acosta, empresaria de comunicación de Lanzarote. También está imputada por cohecho, como el gerente de Clusa, la empresa de recogida de basuras que, a través de Jorge Álvarez, pactaba comisiones ilegales a cambio trasladar el servicio de Arrecife a Yaiza. Llegó a pagar una comisión a un intermediario, que no era otro que el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez, a quien la UCO intervino 70.000 euros en su domicilio. Pero el contrato no llegó a ejecutarse, lo que no aleja a ambos de la carga de la imputación de cohecho sobre sus espaldas.

Y como toda buena trama de corrupción que se precie tiene su lado rosa, aquí aparece nada más y nada menos que la realeza, encarnada en la figura del arquitecto Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia. De esta ramificación se conoce que Morales obtuvo una licencia para construir su vivienda en Puerto Calero (Yaiza), en un terreno rústico. Por este acto están imputados Morales y el ex alcalde José Francisco Reyes, inmerso en un sinfín de concesiones urbanísticas más que dudosas y ya condenado por dar licencias de forma ilegal.

Es Lanzarote en estado puro; mientras los ciudadanos esperan con impaciencia conocer las conversaciones telefónicas, no se cansan de repetir "pueblo chico, infierno grande..."