Trasladan a Dimas Martín a Tenerife

D. RIVERO ARRECIFE La Dirección General de Instituciones Penitenciarias logró ayer dar un importante golpe de efecto a la operación Unión tras ordenar el traslado de Dimas Martín y tres imputados más por la trama de corrupción en Lanzarote desde el centro penitenciario de Tahíche hasta las prisiones de Tenerife II y Salto del Negro en Gran Canaria. Aunque fuentes oficiosas aseguran que la medida se enmarca dentro de una política de reestructuración de la nueva cárcel de Tahíche (todavía en fase de adaptación) tampoco se descarta que con esta decisión se pretenda evitar el intercambio de información entre los detenidos puestos que los mismos se encontraban recluidos en los tres módulos de régimen ordinario con el que cuenta la cárcel de Tahíche (tres en el módulo 5 y otros 3 en el módulo 6).

El líder del PIL, Dimas Martín, y el abogado y promotor Luis Lleó fueron trasladados a primera hora de ayer a Tenerife II, mientras que el edil del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife José Miguel Rodríguez y el asesor del Patronato de Turismo, Matías Curbelo, a Salto del Negro.

La medida, que ha recibido el visto bueno del magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife que instruye la causa, supondrá un cambio radical en la vida carcelaria de los cuatro detenidos y de manera especial en la de Dimas, quien hasta ahora ha permanecido en bastantes ocasiones en el módulo de Enfermería por achaques de salud. Otra de las consecuencias será el trato con el resto de los presos puesto que pasarán de módulos de 70 internos con los que cuentan la cárcel de Tahíche a otros con más de 200 en las prisiones de Gran Canaria y Tenerife.

El líder del PIL, al que se le imputa un delito de cohecho, al igual que a los otros seis encarcelados en la operación Unión, fue detenido el pasado 25 de mayo en la celda de Tahíche, en la que cumplía ocho años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos por su gestión en el complejo agroindustrial de Teguise. Los detenidos se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atendiendo, según la Fiscalía, "a su grado de implicación, gravedad de los delitos y de las penas previstas y de los indicios suficientes de su participación en los hechos investigados".