En el aire el futuro legal de 600 viviendas en Playa Blanca

GREGORIO CABRERA
La 'batalla judicial' abierta en Lanzarote en torno a las licencias urbanísticas se está cobrando múltiples víctimas. Alrededor de sesenta licencias de promociones residenciales del municipio de Yaiza han sido impugnadas por la sociedad Ledesdorfe, SL, dejando en el aire el futuro de alrededor de 600 viviendas, en su mayor parte pertenecientes a familias trabajadoras que pagan un crédito por ellas. La citada entidad privada está integrada por empresarios con intereses en el Plan Parcial Playa Blanca, anulado a raíz de un recurso del Cabildo de Lanzarote.

Coalición Canaria en Yaiza mostró ayer su preocupación por las consecuencias que pueda tener esta 'guerra' para los afectados, que podrían ser cientos, dado que cada licencia permitió la construcción de decenas de unidades. El presidente del comité local de Coalición Canaria (CC) en Yaiza, Leonardo Rodríguez, asegura que estas personas están "indefensas" debido a que "el Ayuntamiento debería personarse y defender las licencias, y eso es imposible dada la situación económica". "Lo que puede ocurrir", agregó Rodríguez, "es que esos recursos vean su fruto y todas esas casas se vean sin licencia alguna". Todos los proyectos se ubican en Playa Blanca.

Los nacionalistas proponen que el Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PIL tras la decisión de CC de romper el pacto, solicite amparo al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias para que sean estas administraciones las que sufraguen el gasto millonario que supondría la defensa legal de los intereses de los vecinos. Según CC, esta posibilidad viene recogida dentro del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Rodríguez recordó que el Ayuntamiento ni tan siquiera tiene ahora un abogado para personarse en un caso donde, según su criterio, "es parte involucrada porque dio las licencias". Añadió que la pasividad del grupo de gobierno "es una acto de traición".

Las comunicaciones de las impugnaciones por parte de Ledesdorfe llegaron al Ayuntamiento a lo largo de los meses de febrero y marzo del presente año y, según los datos aportados por CC, corresponden a permisos de obra concedidos en la etapa como alcalde de José Francisco Reyes (PNL), que perdió el puesto en favor de la insularista Gladys Acuña tras la moción de censura presentada por PIL y CC. Rodríguez subrayó que se desconocen los motivos exactos de las impugnaciones, aunque precisó que una simple cuestión de forma pueda dar al traste con la licencia en los tribunales, sobre todo si no hay una defensa jurídica activa.

Ledesdorfe ya había anunciado a principios de año que tenía preparada una batería de 300 demandas contra promociones que no habían sido impugnadas por el Cabildo pese a que se tenía constancia de que podían incurrir en defectos legales. Por lo tanto, consideran que la institución insular ha utilizado un doble rasero. Además, aseguran que tampoco se cumplió con el informe técnico que aconsejaba dar parte a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.