GREGORIO CABRERA
El olor de la harina y el afrecho resulta embriagador. La Harinera Lanzaroteña, SA nació en 1956 de la unión de tres molinos. Hoy en día su sede ocupa todavía un gran edificio industrial en el centro de Arrecife, en la calle Alegranza, y posee un silo en las proximidades del muelle de Los Mármoles. Su propietario, Agustín Márquez Fernández, presume de que los empleados, un total de quince directos, "son todos gente de Lanzarote". Pero, al igual que otros empresarios, tiene el convencimiento de que el proyecto de decreto del Gobierno de Canarias para subvencionar al cien por cien el transporte de determinados productos manufacturados desde Gran Canaria y Tenerife, entre los que se contaría la harina, está diseñado para arrinconar a los productores locales y dejar el mercado insular en manos de firmas de las islas capitalinas.
Márquez Fernández, economista de formación, recuerda que las importaciones desde la Península a Canarias de productos que se manufacturen en las islas están gravadas para proteger a la industria insular, en especial a la de Gran y Tenerife. "Esto mismo se debería hacer con las islas menores en relación a Gran Canaria y Tenerife", opina este empresario.
"Se enriquece a las islas grandes a costa de crear paro y pobreza en las pequeñas. Los canarios vamos a Bruselas solicitando protección para la industria canaria por motivos obvios, incluso estratégicos, para después entre nosotros perjudicar a la desfavorecida industria de las islas menores". Desde su punto de vista, "estamos admitiendo la insularidad, la lejanía y la ultraperificidad de puertas para afuera, pero no de puertas adentro". En su opinión, el objetivo es acentuar el papel de islas como Lanzarote y Fuerteventura de "mercados satélites" de las industrias de Gran Canaria y Tenerife y advierte de que esto daría lugar a una situación de monopolio que "les permitiría poner los precios que ellos quisieran".
No sólo existe preocupación entre los muros de esta harinera. En realidad, las industrias de Lanzarote se centran en la construcción y sus derivados, caso de la carpintería de aluminio, por citar un ejemplo relevante. El presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Femelan), Antonio González, cree que sería lógico que "hubiera subvenciones" específicas para los empresarios de las islas no capitalinas para compensar la llamada doble insularidad. Fuentes del sector de la construcción que prefieren cobijarse tras el anonimato apuntan a que la subvención de la totalidad de los materiales desde Gran Canaria o Tenerife supondría dar pie a "una invasión" que dejaría fuera de mercado a muchas empresas locales.
Más contundente todavía se muestra el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Spínola, quien afirma que "se pretende dejar el mercado de Lanzarote en manos de las industrias de Lanzarote y Fuerteventura. En Asinca, la asociación de los industriales canarios, se están frotando las manos". Y a los empresarios de aquí, según dicen ellos mismos, les tiemblan.