El PSC aupa de alcalde a un edil al que acusa de corrupción

GREGORIO CABRERA
La actualidad política de Lanzarote vuelve a alambicarse. La moción de censura suscrita entre el PSC y CC para desbancar de la alcaldía de Teguise a José Dimas Martín (PIL) esconde una carga de profundidad que ha disparado la polémica. El acuerdo entre socialistas y nacionalistas incluye dejar la alcaldía en manos de Juan Pedro Hernández, que ya fue alcalde del municipio con Coalición Canaria hasta junio de 2007. Hernández está imputado por una denuncia de corrupción presentada a finales de 2006 por el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, actualmente secretario general del Partido Socialista en la Isla.

Hernández formó parte de los cargos políticos del PIL que abandonaron la formación tras enfrentarse con Dimas Martín, un paso que también dieron, entre otros, María Isabel Déniz (ex alcaldesa de Arrecife) o consejeros históricos de la corporación insular como Higinio Hernández o Marcos Páez. Todos ellos recalaron en Coalición Canaria. El 7 de noviembre de 2006, Espino presentó ante la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Guardia Civil) una denuncia por presunta corrupción urbanística contra Hernández, entonces alcalde de Teguise, y José Francisco Reyes (PNL), que todavía permanecía de alcalde en Yaiza.

La denuncia de Espino ante la Udyco se sustentó en un informe jurídico y técnico elaborado por el abogado Agustín Domingo Acosta Hernández, letrado que lleva las causas urbanísticas abiertas por el Cabildo de Lanzarote. Tras el análisis de la documentación, responsables de la Udyco solicitaron una autorización judicial para pinchar los teléfonos de ambos alcaldes. El auto que autorizó las escuchas data del 12 de enero de 2007. Ambos resultaron imputados, aunque en causas que se instruyen por separado en el juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Arrecife y por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En la segunda semana de junio de 2007, tanto Juan Pedro Hernández como José Francisco Reyes declararon como imputados en los juzgados. Más tarde, en febrero del año pasado, el juzgado ordenó que se investigara el patrimonio personal de ambos. En la investigación elaborado por Acosta Hernández se perfila una supuesta trama corrupta para la concesión irregular de licencias urbanísticas en Playa Blanca (Yaiza) y Costa Teguise (Teguise) de la que, presuntamente, los dos imputados podrían haber formado parte esencial, siempre en base a la denuncia.

La moción de censura para expulsar del sillón de la alcaldía al hijo de Dimas Martín se debatirá el próximo sábado, día 29 de agosto, y en principio no está previsto que haya vuelta atrás. De hecho, y en especial en las filas socialistas, se espera que sea un primer paso para cerrar nuevos acuerdos de gobernabilidad en el resto de instituciones en minoría en Lanzarote.