Setenta maltratadores asisten a un programa para rehabilitar su conducta

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
Unas setenta personas, autoras de delitos de malos tratos en el ámbito familiar, la mayoría de ellos varones, están siguiendo en Lanzarote un programa para reconducir su conducta agresiva. Se trata de una iniciativa pionera en la Isla que se desarrolla desde el primer trimestre de este año, según confirmaron a este periódico fuentes del centro penitenciario de Tahíche.

El 90% de los ciudadanos que están siendo atendidos cometieron actos violentos contra su pareja, aunque también hay casos en los que los responsables de los daños han sido padres que han arremetido contra sus hijos, por poner tan solo un ejemplo.

A los beneficiarios del Programa de Evaluación e Interacción de Autocontrol para la Agresión, que imparten dos psicólogos de la prisión lanzaroteña, el juez que los ha juzgado por sus actos delictivos les ha suspendido la condena con la condición de que participen en una terapia formativa.

Pero no todos los responsables de acciones violentas contra miembros de su unidad familiar pueden acogerse a ese recurso. Sólo pueden hacerlo los que hayan delinquido por primera vez; les haya sido impuesta una condena inferior a los dos años; y hayan satisfecho, antes de comenzar a recibir tratamiento psicológico, la responsabilidad civil determinada por su juzgador en la sentencia a raíz de los daños causados a sus víctimas.

Las intervenciones, individuales o en grupo, persiguen que el condenado reconozca su actitud, aminore su agresividad y trate de poner en prácticas nuevas habilidades sociales.

En la actualidad se han conformado seis grupos atendiendo a los perfiles de sus integrantes.

El seguimiento del plan, cuya ejecución ha sido aprobada previamente por el juez, lo realiza Instituciones Penitenciarias. Se vigila la asistencia de los agresores a la sesiones; que no delincan en un período de tiempo comprendido entre los dos y cinco años; y que no se aproxime ni se pongan en contacto con la víctima, acciones que le están prohibidas por orden judicial.