Al margen de las siete personas enviadas a prisión, la irrupción en escena de la operación Unión, que incluyó registros en los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza y en varios despachos de abogados, empresarios y arquitectos, supuso otras 12 imputaciones, todas por cohecho, menos una. Se trata de Dayrán Muñoz (de las juventudes del PIL), Alfredo Rodríguez (del PIL y trabajador del Patronato), Antonio Gómez Ruiz (empresario), Manuel Gregorio Reina Fabre (empresario), Jorge Álvarez (empresario), María José García (empresaria), Jesús Manuel Martín Brito (empresario), Fermín Curbelo (empresario), Eugenio Romero (empresario y vocal de la Cámara) y Rafael Arrocha (in-geniero jefe de la Oficina Técnica al que se le impu- tan revelación de secretos y actividades prohibidas a un funcionario). G. C. Reyes