´Caso Unión´ y asociación ilícita

D. RIVERO - ARRECIFE. Una trama compleja, perfectamente organizada, que tendría la finalidad de cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación... El magistrado del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha ido cerrando el círculo de la Operación Unión contra la corrupción urbanística y el cobro de comisiones en Lanzarote.

Las investigaciones llevadas a cabo por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la Fiscalía de Arrecife y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han podido demostrar que los delitos cometidos por destacados miembros del PIL, empresarios y funcionarios encajan perfectamente en el concepto legal de la asociación ilícita al tratarse de una trama que bajo la apariencia de actividades legales podría esconder actos ilícitos.

Aunque la Operación Unión se encuentra bajo secreto de sumario lo cierto es que los datos que han trascendido demuestran que algunos miembros del PIL utilizaban presuntamente el Ayuntamiento de Arrecife para cobrar comisiones por la adjudicación de obras o servicios públicos e incluso promover cambios en el futuro plan general de la capital a cambio de beneficios económicos.

Unas actuaciones ilícitas que se llevarían a cabo no de forma aislada, sino de forma permanente, y con la necesaria colaboración de funcionarios públicos, empresarios y una importante red de colaboradores.

Dimas Martín sería, presuntamente, el encargado de dar las órdenes (se situaría como el fundador de la trama) mientras que concejales del Ayuntamiento de Arrecife como José Miguel Rodríguez (que llevaba el área de Hacienda y Urbanismo) y Ubaldo Becerra (el ex encargado de definir el futuro Plan General) serían los encargados de ejecutarlas. En un escalafón más bajo se encontrarían trabajadores públicos o asesores como Alfredo Rodríguez (personal del Cabildo) y Matías Curbelo (asesor del Patronato de Turismo) a los que la Guardia Civil detuvo in fraganti con cerca de 100.000 euros a raíz del cobro de una de estas presuntas comisiones ilegales.

Las investigaciones siguen tejiendo la red corrupta que se movía como pez en el agua por las instituciones públicas. Una asociación ilícita jerarquizada, en la que cada uno sabía cuál era su rol. E incluso es posible que exista una contabilidad paralela. Cientos de miles de euros que se han movido ilegalmente, en forma de dinero negro, y al que las unidades especializadas de la Guardia Civil le están siguiendo el rastro.