El día en que cantó el ex alcalde de Yaiza

D. RIVERO / ARRECIFE (LANZAROTE) José Francisco Reyes llegó a los juzgados con la decisión clara de que algo tenía que contarle a la juez. Estaba muy cansado después de cuatro noches en los calabozos de la Policía Nacional de Arrecife y tras intensos interrogatorios a cargo de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. No era la primera vez que pasaba por este trauma, pero en esta ocasión las cosas habían dado un vuelco radical. Nunca hasta ahora se había tenido que enfrentar a las preguntas de la Udyco sabiendo que su mujer y sus tres hijos habían sido detenidos acusados de un posible delito de blanqueo de dinero.

Cantidades económicas que precisamente él les había ido entregando desde hacía muchos años y gracias a las cuales habían adquirido presuntamente de forma fraudulenta coches, un barco e incluso varios pisos situados en Tenerife y Barcelona. Cuatro días en las dependencias policiales en los que los agentes de la Udyco le fueron detallando una tras otro los ingresos y movimientos de dinero en efectivo que se han manejado en torno su familia. Las primeras investigaciones apuntan a que la familia Reyes habría podido mover alrededor de 600.000 euros sin que se tenga claro cuál es el origen de estas importantes cantidades de dinero.

El ex alcalde de Yaiza (que gobernó con mayoría absoluta desde el año 1994 al 2007) empezó a hablar: "Mi mujer y mis hijos no tienen nada que ver en todo esto", fueron en síntesis sus primeras palabras ante la juez del Juzgado de Instrucción de número 2 de Arrecife que investiga esta trama por la presunta concesión ilegal de licencias para la construcción de hoteles y apartamentos.

La denuncia contra José Francisco Reyes tiene como base el informe jurídico encargado por el que fuera consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, sobre las irregularidades advertidas en la concesión de las licencias impugnadas por el Cabildo y de las posibles responsabilidades derivadas de su otorgamiento. Y fue así como en noviembre de 2006, Espino hacía llegar a los juzgados el contenido del informe.

"La actuación de los ayuntamientos demandados por el Cabildo al conceder las licencias impugnadas poco o nada tiene que ver con la defensa de los intereses generales municipales o con la salvaguarda de los intereses públicos, sino que se reduce a una inexplicable actitud de colaboración y complicidad con el promotor urbanístico para que éste obtenga el máximo -e ilícito- provecho económico de su suelo defraudando las más básicas determinaciones establecidas en el planeamiento insular para las nuevas edificaciones turísticas", recoge el sumario abierto contra Reyes.

La juez que lleva el caso inició una investigación para la que se ayudó de escuchas y del rastreo del patrimonio de la familia Reyes. Él está imputado por cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.