Una ley para arreglar el desaguisado urbanístico

D. R. Las acciones judiciales emprendidas por el Cabildo de Lanzarote han descubierto la autorización ilegal de más de 11.000 plazas turísticas, de las que 8.000 están en funcionamiento al margen de la ley. Ademas, ha conseguido frenar el crecimiento del plan parcial en Playa Blanca con otras 5.570 plazas alojativas y paralizar la urbanización Costa Roja, a quien el Ayuntamiento de Yaiza concedió licencias para un pequeño pueblo de 1.012 viviendas.



Con este sombrío panorama, el Cabildo ha elaborado una propuesta legislativa que será remitida al Gobierno de Canarias para sea el Parlamento autónomo el que normalice esta situación que está dañando seriamente los intereses turísticos de la Isla.



Según el Cabildo con esta ley no se pretende legalizar lo ilegal, sino instrumentar mecanismos que satisfagan el interés público territorial y urbanístico con la amortización de plazas alojativas y las cesiones de suelo por parte de los infractores para uso público, "de suerte que al tiempo que homologan su situación irregular con la de la oferta legalmente establecida se refuerzan las bases de la ordenación territorial infrigida".



La ley fue preparada por el PSOE y tendrá que ser consensuada con los nuevos gobernantes en el Cabildo tras la moción de censura (PP, PIL, CC y PNL). El presidente, Pedro San Ginés, se ha comprometido a tramitarla, con consenso, al Parlamento.