A.Z.D.
El grupo socialista en el Cabildo lanzaroteño señala al Gobierno canario como principal responsable de que la moratoria lanzaroteña haya sido finalmente anulada por el Tribunal Supremo. El consejero insular del PSC Carlos Espino argumenta que la norma no contiene previsiones para indemnizar a los empresarios afectados porque el Ejecutivo autónomo, en aquel momento presidido por Román Rodríguez, así lo impuso. "El Gobierno de Canarias obligó a retirar la previsión indemnizatoria que la norma sí contenía. Fue una torpeza de aquel Ejecutivo, porque además las previsiones de indemnización que se contenían eran bajísimas, y se pensó que quitándolas no habría que pagar nada", explica Espino, que recuerda que desde que la norma fue recurrida por el Ayuntamiento de Yaiza y los empresarios, se han producido hasta once sentencias anulándola, pero esta es la primera vez que el Tribunal Supremo llega a pronunciarse sobre este tema.
Espino, que desde el Gobierno insular o desde la oposición ha ido conociendo los vericuetos judiciales que atravesó esta planificación una vez aprobada, entiende que su anulación no tendrá ninguna trascendencia en lo relativo a la situación ilegal de 22 hoteles en Yaiza. "Aunque se entienda que la moratoria lanzaroteña está anulada, estos hoteles tienen que adaptarse a la normativa que está ahora en vigor, que es la moratoria de las Directrices, con las matizaciones que pueda incorporar la Ley de Medidas Urgentes", dice. Dicho régimen supone que para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife no se podrán otorgar autorizaciones de nuevas camas turísticas, salvo que se pidan por una vía excepcional que permite nuevas plazas de gran calidad. Además, Espino recuerda que estos equipamientos también incumplían el PIOT del año 1991, que aún sigue vigente.