El ´monstruo´ se mueve en círculos

La mancha de aceite maloliente descubierta a raíz de la Operación Unión contra la corrupción en Lanzarote llega a todos lados. También se cruza en la 'batalla' entre hoteleros y Cabildo por los hoteles ilegalizados después de los recursos de la Corporación insular con la forma de una manzana envenenada. El resultado: como querer apagar el fuego con gasolina.

GREGORIO CABRERA Borrar la suciedad con suciedad. La corrupción en Lanzarote es un monstruo que se fagocita a sí mismo para seguir vivo. Asomarse al pútrido pozo sin fondo del sumario de la operación Unión deja al descubierto la supuesta existencia de una trama con la participación de varios imputados que pretenderían buscar una salida airosa para la veintena de hoteles y complejos de apartamentos ilegalizados en Playa Blanca (Yaiza) utilizando como moneda de cambio con el Cabildo de Lanzarote un plan parcial de una parcela paralizada cautelarmente por los tribunales y sobre la que también pesa una querella por presunta prevaricación urbanística. Un doble mortal que, al final, se ha quedado sin red.

Ahora allí crecen las aulagas y se calientan al sol las lagartijas sobre las lajas, pero Costa Roja estaba llamada a ser una urbanización de mil viviendas y 200 garajes a la entrada de Playa Blanca. Sin embargo, un recurso contencioso administrativo del Cabildo dio lugar a que los tribunales frenaran un proyecto desarrollado en una parcela propiedad de Luis Lleó, una de las piedras angulares en el mapa de las diligencias que dirige el titular del Juzgado Número Cinco de Arrecife, César Romero Pamparacuatro. Además, el entonces consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Carlos Espino, presentó en septiembre de 2007 una querella que dio lugar a la imputación del alcalde que concedió la licencia, José Francisco Reyes (PNL), o del secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes.

Costa Roja se ha convertido en una pesadilla para su propietario. Personas del entorno de Lleó le aconsejan la venta de la polémica parcela para "quitarse ese marrón de encima" y saldar deudas. Los investigadores dejan constancia de "negociaciones" entre el empresario Juan Francisco Rosa, dueño de dos hoteles ilegales y también imputado, y Lleó para la venta de los terrenos. Pero, ¿qué interés podía tener alguien en adquirir un plan parcial legalmente empantanado?

"Posteriormente", prosigue el sumario, "estos terrenos serían cedidos al Cabildo para realizar zonas de equipamiento y zonas verdes a cambio de la legalización de los hoteles ilegales. Y en estos terrenos", además, "se construiría un campo de golf a disposición de los hoteleros. Para que esta propuesta se llevara a cabo no parece factible ni conveniente que sea presentado por un empresario como Luis Lleó, por lo que sería más apropiado que la propuesta se realizase desde estamentos políticos autonómicos o estatales, barajándose los nombres de Carlos Espino, Manuel Fajardo Palarea (parlamentario del Gobierno canario del PSC) o Francisco Armas (presidente de la patronal Asolan)". Fernando Becerra, ex vocal de la Cámara y mediador de Lleó, le habría ofrecido 30.000 euros de comisión a Espino por retirar la querella.

"Es Rosa quien resulta beneficiado en la operación, porque conseguiría no sólo que no se derriben dos hoteles de su propiedad, sino que también conseguiría legalizar la situación de los mismos", al margen, reza el sumario, "de convertirse en propietario de Costa Roja para cederlos al Cabildo y obtener una compensación para la construcción y explotación sin obstáculos en Playa Blanca". Presuntamente perfecto.