D. RIVERO
El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, utilizó la caja fuerte del consistorio para guardar 56.000 euros que, según declaró ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, eran fruto de sus ahorros por los trabajos de asesoramiento que realizaba fuera de su horario laboral a un despacho de abogados en Arrecife.
El registro realizado en el Ayuntamiento de Yaiza el pasado mes de mayo, en el marco de la operación Unión, desveló una carpeta dentro de la caja fuerte que contenía un sobre con 56.000 euros. Fue precisamente el secretario municipal el que informó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que ese dinero era suyo y que estaba allí porque recientemente se había ido de viaje y creyó que la caja de seguridad del Ayuntamiento era un lugar mucho más seguro que cualquier otro sitio de su vivienda.
Vicente B. Fuentes aseguró ante el juez César Romero Pamparacuatro que el dinero encontrado durante el registro de la UCO en el Ayuntamiento era fruto de sus trabajos de asesoramiento a un despacho de abogados, cantidades que habían sido declaradas a la Hacienda pública. Asimismo, declaró que no era habitual que guardara su dinero en el consistorio, sino que lo hizo porque se había ido recientemente de viaje "y no tenía seguridad para guardar dicho dinero en su domicilio".
El secretario municipal está imputado dentro de la operación Unión, ya que fue el que emitió el informe técnico en relación con la licencia de obras para la construcción de la urbanización de Costa Roja en Playa Blanca. Trama directamente relacionada con Luis Lleó, Fernando Becerra y Juan Francisco Rosa, todos ellos imputados también por presuntos delitos que van desde el tráfico de influencias al cohecho.
Al margen de la operación Unión, Vicente B. Fuentes está imputado como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de cinco licencias urbanísticas en Las Breñas (Yaiza). Además, cuenta con otras dos imputaciones relacionadas con la concesión de licencias para la construcción de hoteles en Playa Blanca. Está acusado por los presuntos delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio.