"Los indicios delictivos existentes en las actuaciones superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de perpetración de delitos contra la administración pública". Éste es uno de los razonamientos esgrimidos por el magistrado del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, para ordenar el registro del Ayuntamiento de Arrecife el pasado 25 de mayo cuando los ciudadanos empezaron a conocer los resultados de las investigaciones iniciadas casi un año antes.
Un auto en el que detalla los presuntos delitos que podrían estar cometiéndose desde la corporación lanzaroteña por los concejales de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y del Plan General de Arrecife, Ubaldo Becerra (ambos del PIL) y con la implicación directa del líder insularista, Dimas Martín. El juez va mucho más allá y destaca la "gravedad de tipo o carácter social" al tratarse de delitos contra una administración pública y que atentan directamente "contra la confianza del funcionamiento de las instituciones democráticas".
