Las investigaciones llegan al ´Plan Zapatero´

GREGORIO CABRERA
La Justicia sigue indagando si el árbol podrido tiene más raíces. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha solicitado, a la luz de las investigaciones en el marco de la Operación Unión contra la corrupción en Lanzarote, que se aporten a la causa "todos los expedientes de contratación, pliegos de condiciones, ofertas presentadas y las normas del concurso para la adjudicación de las obras públicas subvencionadas con fondos estatales durante los años 2008 y 2009". Las sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de obras se centran en el Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como Plan Zapatero.

Según consta en la parte del sumario que se ha dado a conocer, el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas Molina, ha instado a que se incorpore también a la documentación requerida "la relación de todas las empresas con identificación plena de sus administradores que hayan ganado el concurso de las adjudicaciones de obras subvencionadas con fondos públicos estatales", así como "el acta de todas y cada una de las sesiones de la mesa de contratación con expresión de los intervinientes que realizaron las adjudicaciones de las obras".

La decisión del representante del ministerio público nace de un apartado de la declaración de uno de los imputados, Ubaldo Becerra (PIL), ex primer teniente de alcalde y responsable del Plan General en el Ayuntamiento de Arrecife. Becerra, acusado de cohecho y asociación ilícita en el proceso que instruye el titular del Juzgado Número Cinco de la capital lanzaroteña, César Romero Pamparacuatro, fue interrogado acerca de "un posible delito de información privilegiada" en el concurso de obras para el Plan Zapatero.

Becerra, según sus propias declaraciones, habría sostenido que al menos la constructora que resultó adjudicataria "tenía información privilegiada" a la vista de que todos los sobres con el nombre del ganador correspondía a la misma empresa o nombres comerciales que tenían relación directa con la misma. Informó, igualmente, de que durante la mesa de contratación le hizo un requerimiento a la jefa del Servicio de Contratación, Elena Martín (hija de Dimas Martín, que fue detenida al comienzo de la operación, aunque fue liberada un día después), y al ingeniero jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha (imputado por actividades prohibidas a funcionarios y revelación de secretos), "para que explicaran los criterios que habían seguido para este pliego de contratación".