Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Lanzarote en el marco de la Operación Unión dibujan un panorama lleno de corruptelas tanto a pequeña como a gran escala. Una sociedad en la que los grandes negocios urbanísticos parece que se mueven a golpe de comisiones ilegales. Los hilos del poder están en manos de unos pocos empresarios y políticos que no dudan en utilizar todos los mecanismos a su alcance para obtener suculentos beneficios.

Un repaso a los posibles delitos que podrían haberse cometido por alguno de los más de 30 imputados da una idea del daño que se estaba cometiendo a las administraciones públicas de la Isla. Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos, revelación de secretos, exacciones ilegales, extorsión, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa son algunos de los delitos que están siendo investigados por la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la UCO de la Guardia Civil, bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro.

Los pinchazos telefónicos realizados a varios de los imputados en la Operación Unión han sacado a la luz pública la existencia de conversaciones entre políticos y empresarios en las que se habla directamente de operaciones de dudosa legalidad. Una red de favores en la que se ven envueltos también cientos de ciudadanos abocados a convivir con un sistema bajo sospecha.

Peor paradas salen otras instituciones públicas como el ayuntamiento de Arrecife. En el caso de la capital conejera dos de los ediles del PIL imputados directamente en el cobro de comisiones ilegales (reconocidas tanto por Ubaldo Becerra como por José Miguel Rodríguez en sus declaraciones ante el juez) han posibilitado el cambio de gobierno de la ciudad y sus decisiones están siendo claves para la gobernabilidad de la capital de la Isla.

Ningún cargo público de Lanzarote implicado en la trama ha presentado su dimisión. La presunción de inocencia está por encima del contenido de parte del sumario que ya se conoce.