El líder histórico del PIL, Dimas Martín, imputado por cohecho y asociación ilícita dentro de la operación Unión y que cumple una pena de ocho años de cárcel en Tahíche por la gestión irregular del Complejo Agroindustrial de Teguise, hizo ayer pública una carta en la que expresa su indignación por la forma en la que, dice, ha sido tratado. "Para constatar que me he reunido con los cargos públicos y orgánicos del PIL en la labor de asesoramiento que desde el propio partido se me encomendó no hacía falta invadir mi domicilio particular con miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado pertrechados con material de defensa y acompañados, curiosamente, por un gran despliegue mediático, como si se tratara de detener al terrorista más sanguinario de la historia", critica Martín
Martín, en las misivas, carga contra la operación policial y contra los medios de comunicación, principalmente. Califica como una invasión su registro domiciliario y habla de juicios mediáticos paralelos en los medios "afines a algún partido político" para acabar con su trayectoria política.
Niega trato de favor por parte del director de la cárcel, con quien mantenía conversaciones telefónicas y a quien ofreció un trabajo y a quien dice conocer desde hace treinta años. También habla de manipulación política de su caso y de los sufrimientos que le han causado los "traslados arbitrarios" de una prisión a otra.
En la segunda carta dice que sigue asesorando a su partido y que ha colaborado en la elaboración de numerosos estudios documentos y que muchos de ellos los conocía el PSOE, con quien gobernaba, y sobre todo su secretario insular, Carlos Espino.
También dice que se reunió con otros socialistas como Manuela Armas o Juan Félix Eugenio, con quien elaboró el borrador de presupuestos del Cabildo. Asegura que no pretendía privatizar Inalsa sino que hizo un estudio para su "socialización" entre los abonados.
ÓRDENES
Las conversaciones grabadas a Dimas Martín, que estaba inhabilitado para ejercer como cargo público, y los seguimientos realizados por la UCO, muestran indicios de que no sólo asesoraba sino que presuntamente dirigía y daba órdenes directas a miembros de su partido y a trabajadores públicos.
Dimas Martín, que ya ha sido condenado cuatro veces, está imputado en este procedimiento por varios delitos: cohecho, exacciones ilegales, tráfico de influencias y asociación ilícita. El juez le considera el cabecilla de una red de cobro de comisiones ilegales. Uno de sus colaboradores más estrechos a lo largo de décadas, Matías Curbelo, declaró ante el juez que Dimas estaba al tanto "de todas las cantidades".
