"La maquinaria se encuentra al límite y los trabajadores estamos en unas condiciones deplorables". Las palabras de David Luna, portavoz del comité de empresa de Inalsa (Insular de Aguas de Lanzarote SA), pretenden resumir la situación que se vive en el interior de unas instalaciones de las que depende el suministro de agua. Inalsa permanece en manos de una administración judicial desde el uno de julio en base a la ley concursal tras acumular una deuda de 38 millones de euros. Además, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas suspendió el seis de octubre las funciones del consejo de administración que gestionaba la entidad en representación de sus propietarios: el Cabildo y los ayuntamientos.

Los representantes laborales acusan a los administradores nombrados por el juez de haber descuidado el mantenimiento, hasta el punto de que advierten de que puede llegar a peligrar el suministro al aumentar la posibilidad de averías. El comité de empresa fraguó su queja en el transcurso de una asamblea que dio lugar a un comunicado para proclamar ante la opinión pública que "la plantilla de trabajadores no garantiza, ni se responsabiliza, de la prestación del servicio de producción y distribución, al no realizarse por parte de los actuales gestores las inversiones mínimas para el mantenimiento de las instalaciones, plantas de producción y redes de distribución". Luna explicó ayer que falta el material para llevar a cabo reparaciones rutinarias y puso como ejemplo que hace poco llegaron unos técnicos de Gran Canaria para una actuación, pero "tuvieron que irse porque no tenían las piezas".

La denuncia de los empleados tiene una vía paralela relacionada con la seguridad. Además de que la supuesta dejadez en el mantenimiento estaría poniendo "en grave riesgo a las instalaciones", aseguran que también lo está "la integridad física de los trabajadores por estar expuestos a instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad". Para aclarar esto, Luna explica que se han estropeados mecanismos de los módulos para su arranque automático. "Ahora lo están haciendo manualmente y esto significa que se pueden electrocutar", dice.

Luna matiza que el comité de empresa comprende y respeta la labor que llevan a cabo los tres administradores judiciales. "Sabemos que su objetivo fundamental es el cobro de la deuda por parte de los acreedores, pero hay que llevar a cabo un mantenimiento". Dicho esto, el comité de empresa acordó solicitar al Consorcio Insular de Aguas, "como ente público responsable del servicio de abastecimiento, que ponga en marcha los mecanismos necesarios para prever la asunción del servicio antes de llegar a situaciones de desabastecimiento de la población".

Las reacciones, al menos por ahora, han sido muy prudentes por parte del Cabildo. Fuentes oficiales de la corporación indicaron que no se va a hacer ningún pronunciamiento como muestra de respeto a la decisión judicial de intervenir Inalsa. Este diario se puso en contacto con unos de los tres administradores judiciales para conocer su versión, que declinó hablar.